Aunque muy seguramente la Procuraduría General de Justicia en el Estado caerá en la tentación de utilizar el caso de la detención de una agente del Ministerio Público que al parecer encubrió un homicidio cometido por un agente de la Policía de Investigación de la dependencia para presumir que en Tlaxcala se acabó la impunidad y la protección contra los malos funcionarios, lo cierto es que ese expediente puede convertirse en un dolor de cabeza y evidenciar el pésimo trabajo que existe en esa área del gobierno que dice controlar la abogada Ernestina Carro Roldán.
Lo primero que se debería decir es que los hechos ocurrieron en octubre del año pasado en el municipio de Calpulalpan cuando el policía de Investigación Omar O. golpeó con su bastón táctico a una persona que por las lesiones recibidas perdió la vida, lo cual fue presenciado por la agente del Ministerio Público Vanesa N. que se dice no ordenó la detención del elemento ni tampoco dio aviso de ese lamentable hecho.
Los altos mandos de la PGJE siempre supieron de los hechos los cuales quedaron grabados en videos, de ahí que las indagatorias siempre encontraron obstáculos, al grado que se llegó a pensar que la procuradora Ernestina Carro se resistía a actuar en consecuencia, pues fue hasta que los familiares de la víctima presionaron y llevaron como testigos a policías municipales de Calpulalpan como se liberaron las órdenes de aprehensión contra la agente del Ministerio Público y el policía de Investigación que recibió el pitazo para darse a la fuga.
La Ministerio Público fue detenida, pero el oficial de la Policía de Investigación huyó, gracias a que fue alertado presuntamente por un familiar de la procuradora que labora en la dependencia de nombre Romel y por el escolta Giovanni N. asignado a cuidar al Director de la Policía de Investigación.
El caso era conocido no sólo por la subprocuradora de Operaciones, María Azucena Jiménez Pacheco y la jefa del Departamento de Investigación, Esther Teroba Cote, sino por Víctor Enrique Montiel Ramos, director de la Policía de Investigación que no hicieron nada para detener en tiempo y forma a los involucrados en ese lamentable suceso donde una persona perdió la vida por abuso policiaco cometido en la actual administración estatal.
En la PGJE se sabe que la subprocuradora carece de los conocimientos y experiencia para desempeñar el cargo. Lo mismo sucede con Esther Teroba que sabe muy poco o nada del sistema penal, de ahí que nunca asiste a audiencias. De Montiel Ramos se puede decir que es un funcionario blandengue al que los policías de investigación suelen ignorar.
Resulta increíble que el policía de Investigación acusado del homicidio haya sido alertado por el personal de la PGJE y que no haya ninguna consecuencia de su fuga, pues prácticamente se le ayudó y le dieron las facilidades para evadir la justicia y su responsabilidad.
Ese agente recibió la misma asistencia que en su momento obtuvo el ex secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alfredo Álvarez Valenzuela, quien en noviembre del año pasado fue alertado de una orden de aprehensión en su contra por unos hechos cometidos años atrás cuando se desempeñó como policía federal y pudo dejar su oficina y la entidad para no ser llevado ante la justicia.
En este caso como en el otro no ha habido ninguna consecuencia, lo cual hace pensar que en este gobierno están autorizados los pitazos para aquellos funcionarios que durante su desempeño puedan enfrentar una orden de aprehensión, ya que pareciera que lo importante es ayudarlos a escapar para que no pisen la cárcel.
El asunto deja muy mal parada a la procuradora de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro, porque las diferentes evidencias sobre el caso hacen suponer que se trató de encubrir y proteger ese homicidio.
Si se presume que alguien dio el pitazo al agente prófugo de la justicia para no ser detenido por qué no se ha abierto una investigación, por qué tardó tanto tiempo en judicializarse el expediente cuando había elementos para proceder de inmediato contra los involucrados y desde cuando se tenían los videos de los hechos donde se observa cómo el policía acusado del homicidio hace abuso de poder contra un ciudadano y no se actuaba en consecuencia.
Lo que se vive en la Procuraduría General de Justicia del Estado es preocupante y también explica claramente porque los criminales en Tlaxcala no son detenidos y éstos operan con total impunidad, pues es evidente que el personal de la dependencia está más ocupado en encubrir sus fechorías y en tratar de ocultar todas las irregularidades e inconsistencias que hacen que en investigar y detener a los maleantes.
Los tlaxcaltecas no merecemos una PGJE de tan bajo nivel.
Preparen las matracas y el confeti
Por cierto será el domingo cuando la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, celebre su cumpleaños.
Cómo esa fecha no puede pasar inadvertida, desde ahora los miembros del gabinete andan más que movidos para organizar un pachangón. Iniciará a las 6 de la mañana con las tradicionales mañanitas que todos los lorenistas de hueso colorado podrán ir a cantar a la Casa de Gobierno siempre y cuando cooperen para pagar al mariachi.
Tal y como lo hizo en su tiempo el ex gobernador panista Héctor Ortiz Ortiz que abría las puertas de Casa de Gobierno a sus allegados para celebrar su onomástico, los lorenistas están dispuestos a mostrar músculo para arropar a su jefa política.
A los asistentes al huateque se les pide que lleguen con la mente abierta porque puede ser que la presencia de ciertos personajes les provoque enojo, como la del chaquetero e incongruente Ricardo Morales Cruz, quien durante la precampaña y la campaña del año pasado lanzó maldiciones y acusaciones contra Lorena Cuéllar por no hacerlo candidato de Morena a la presidencia municipal de Apizaco.
Este gris personaje ya fue perdonado y ahora ya trabaja en la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Es obvio que no hay dignidad ni memoria. Lamentable lo que se ve.
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