Será cuestión de tiempo para que en Tlaxcala quede evidenciado que ciertos organismos autónomos y ciertos presidentes municipales son selectivos, pues cuando les conviene aplican o asumen la ley de manera generalizada y cuando no recurren a sus criterios para no acatar la norma.
Un buen ejemplo tiene que ver con el pobre trabajo del priista Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), cuyos comisionados pidieron que los ciudadanos y las ciudadanas presenten las denuncias en contra de los sujetos obligados a dar a conocer la información pública y que incumplen con esa medida como contratos, montos, fechas, licitaciones, informes, sueldos, nómina y otros más.
Tuvo que pasar un accidente donde estuvo involucrada una empresa ligada a un funcionario estatal (Rubén Domínguez Medel, director de Transportes de la Secretaría de Movilidad y Transporte) con una dependencia estatal (Secretaría de Educación Pública) para que los huevones comisionados encabezados por la intrascendente y convenenciera Maribel Rodríguez Piedras se dieran cuenta que las dependencias estatales, los ayuntamientos y ciertos organismos autónomos incumplen con la ley y ocultan información pública.
La falta de transparencia y de rendición de cuentas no es algo nuevo o que nadie haya hecho público, pues fueron varios los señalamientos que se hicieron en este espacio y en otros medios de comunicación de Tlaxcala donde se alertó de ese problema, el cual fue aprovechado por el priista comisionado Ángel Espinoza Ponce para quejarse y utilizar ese suceso que terminó con el fallecimiento de un maestro para lucrar políticamente, ya que usó esa tragedia para justificar su burdo golpeteo contra la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Qué bueno que ahora Instituto de Acceso a la Información Pública se preocupa por la ausencia de transparencia y de la escasez de la información oficial, pero ojalá hubiera asumido esa misma actitud en la pasada administración donde predominó la opacidad, al grado que hoy y gracias al proceso de entrega recepción se ha venido conociendo los nombres de las empresas favoritas de los priistas, los proveedores consentidos y los periodistas cuyos medios de comunicación se llenaban las bolsas de dinero público.
Los comisionados del IAIP deberían tener un poquito de vergüenza, olvidar su priismo y su sed de venganza, porque si realmente están comprometidos con la transparencia deberían evidenciar de manera oficial a las dependencias estatales que incumplen con la ley, así como a los ayuntamientos y los organismos autónomos obligados a hacer pública su información para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan enterarse de quienes y cuantos son lo que realmente cumplen con las disposiciones legales.
Si el gobierno de Lorena Cuéllar está siendo opaco al igual que los últimos dos gobiernos priistas como el de Marco Antonio Mena Rodríguez y el de Mariano González Zarur que se diga y se denuncie.
Pero ese escrutinio no sólo debería centrarse en el gobierno estatal, sino en los ayuntamientos y otros entes en donde se oculta la información pública.
Por ejemplo tuvieron que pasar casi cinco meses para que los ciudadanos conocieran que alrededor de 16 tesoreros municipales y 31 directores de obra de diferentes ayuntamientos no cumplían con los requisitos que marca la ley para desempeñar el cargo, lo cual se supo porque esa información se hizo pública en el Congreso del Estado y sirvió para que la mayoría de alcaldes y alcaldesas con ese problema llevarán a cabo la sustitución de esos funcionarios.
Aunque la mayoría de los presidentes municipales han cumplido con esa observación al realizar el cambio de esos funcionarios, hay otros como el soberbio y torpe alcalde de la capital tlaxcalteca, Jorge Corichi Fragoso, que se mantiene en la ilegalidad al sostener absurdamente a su tesorero Efrén Ordóñez Mendoza que sencillamente está impedido para desempeñar ese puesto.
Si las autoridades en realidad hicieran pública la información que por ley están obligados a dar a conocer, los ciudadanos y las ciudadanas tendrían más elementos para vigilar a sus gobernantes que, como ya se vio, cuando les conviene se vuelven respetuosos de la norma y cuando no recurren a recovecos jurídicos o trampas para justificar ciertas decisiones.
Ojalá el Instituto de Acceso a la Información Pública asuma un verdadero compromiso por la transparencia y deje atrás su comportamiento priista que hoy lo encabeza la gris y limitada comisionada Maribel Rodríguez Piedras.
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