Un asunto que cada vez se vuelve más recurrente en los corrillos políticos de la entidad es si realmente en el gobierno de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros se terminará con la impunidad y la corrupción, porque pasan los días, las semanas y lo meses sin que se vean resultados tangibles.
Delitos de gran impacto como el asesinato del ex diputado local del PAN, Omar Milton, López Avendaño, al igual que el crimen de Zenaido Grande, padre del ex alcalde de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, por parte de un comando armando que ingresó a una vivienda para supuestamente cometer un robo, siguen sin ser aclarados.
Tampoco se sabe nada de las denuncias que presentaron funcionarios estatales y presidentes municipales en funciones que recibían llamadas para ser extorsionados, hecho que fue revelado por el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González Hernández.
Han pasado varias semanas y nadie conoce si el personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado a cargo de Ernestina Carro Roldán ha detenido a la banda responsable de timar a funcionarios para obtener recursos públicos cuyo destino se desconoce.
El primer caso que se supo de ese tipo de delitos fue el del iluso director general del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), Darwin Pérez y Pérez, quien ordenó el depósito de casi un millón de pesos en una supuesta cuenta bancaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas para obtener más recursos para la institución.
Otro caso tendría que ver con el soberbio, pero ingenuo presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, quien habría caído en la misma trampa, con la diferencia que el “jefe” de la familia michoacana sólo transfirió 400 mil pesos que nunca regresaron a las arcas del ayuntamiento capitalino, razón por la cual se vio obligado a presentar la denuncia correspondiente.
Eso sí, Corichi Fragoso recurrió a la justicia pero sin hacer un circo mediático como lo ha hecho o intentado llevar a cabo con las querellas presentadas contra la ex alcaldesa priista Anabell Ávalos Zempoalteca o el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (Capam), Antonio Robles Pineda, casos que también se desconoce si tienen algún avance importante para que las carpetas puedan ser judicializadas.
Llama la atención que han pasado cuatro meses desde que las nuevas autoridades asumieron el control del gobierno y es la fecha que no existe un reporte final del proceso de entrega recepción, así como un informe que permita conocer si hay o no procedimientos administrativos contra ex funcionarios estatales que abusaron del poder y se excedieron en sus atribuciones.
Eréndira Cova Brindis, titular de la Secretaría de la Función Pública de Tlaxcala ha resultado una decepción total, porque lejos de hacer su trabajo se presume estaría ayudando a ocultar las anomalías que se encontraron en la mayoría de las dependencias estatales, pues su silencio resulta más cómplice que prudente.
Pronto se documentarán las transas con la entrega de fertilizantes y semillas a cargo de los funcionarios de la Secretaría de Fomento Agropecuario, una red que al parecer sigue operando al interior de esa dependencia sólo que bajo el mando del nuevo jefe Rafael de la Peña Bernal.
También se habla que en la Oficialía Mayor de Gobierno se han encontrado transas y excesos por parte del ex encargado de esa oficina, el priista Luis Miguel Álvarez Landa y uno de los operadores más cercanos al ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.
Ejemplos y casos sobran, de ahí que el nuevo gobierno de Lorena Cuéllar debe empezar a dar resultados en el combate a la impunidad y a la corrupción, porque sólo con hechos se podrá demostrar que esta administración es diferente a las últimas que hemos visto y padecido.
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