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Pronto llegará nuevo delegado del IMSS en Tlaxcala

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A 17 días de las elecciones locales, hay quienes aún andan buscando culpables de la derrota, cuando no aceptan que ellos fracasaron.


La evaluación de la Presidencia de México al desempeño que tuvieron los delegados de las dependencias federales en Tlaxcala ya concluyó y será a finales de este mes o en agosto cuando se formalicen unos cambios.

Fuentes bien informadas aseguran que el primer movimiento se dará en la delegación del IMSS, la cual permanece acéfala desde hace algunos días tras la salida del panista poblano Juan Carlos Espina.

Ahí llegará el aún diputado federal, Julián Velázquez Llorente. El gobierno federal reconoce en el doctor su experiencia y lealtad, por lo que es cuestión de días para que el ex secretario de Salud asuma la delegación más importante en Tlaxcala.

Julián Velázquez, encabezó por unos meses la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, posición que dejó para participar en el proceso interno del PAN para elegir candidato a la gubernatura del estado.

Ese movimiento cuenta con el visto bueno de la Presidencia y ni el gobernador Héctor Ortiz, ni el gobernador electo, Mariano González, fueron consultados.

La intención de dicho movimiento, según las fuentes, es tener no sólo un buen funcionario público en esa dependencia federal, sino un  verdadero operador político que puedan apoyar al PAN en las elecciones presidenciales de 2012.

Los culpables de la derrota

A 17 días de las elecciones locales en Tlaxcala, las versiones para tratar de explicar y justificar la derrota de la candidata que rompe barreras, Adriana Dávila Fernández, son múltiples, pues van desde la traición, hasta la falta de operación por parte del gobernador Héctor Ortiz.

Dávila Fernández aún se niega a reconocer que ella tuvo gran responsabilidad en su fracaso, y quizá por esa razón, no pierde oportunidad para culpar a Héctor Ortiz de su derrota, acusaciones que tienen poco eco en las oficinas de Los Pinos al carecer de sentido.

Y me explico, nadie en su sano juicio puede decir que los 192 mil votos que logró Adriana Dávila fueron captados por el trabajo que ella realizó o por su acertada operación, pues esos sufragios en realidad representan el capital político del mandatario, quien hace seis años ganó la gubernatura con 160 mil votos.

En realidad nadie sabe cuántos votos representa Dávila Fernández en Tlaxcala, ya que nunca ha ganado una elección constitucional y decir que ella captó por si sola 192 mil votos francamente es una barbaridad.

Y si quiere culpar a alguien de su derrota que mejor busque en su equipo cercano de colaboradores o en aquellos delegados federales que recibieron recursos para operar a favor del PAN y que mejor optaron por quedarse con esos billetes.

Incluso, no estaría de más que le preguntaran a ciertos funcionarios de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuántos votos aportaron el 4 de julio y ver si cuadran las cuentas.

Del saqueo cometido por los magistrados al estallido social

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Unos te venden protección para no secuestrarte o matarte; los otros te dejan sin casa, sin implementos de trabajo para devolverte tu libertad mediante el pago de fianzas.

Es imposible que en estos tiempos de austeridad los magistrados del Poder Judicial de Tlaxcala sigan adjudicándose salarios de virreyes, disponiendo del fondo que se conforma con las fianzas depositadas en innumerables juicios.

Alguien que ha sido privado de su libertad, justa o injustamente, vende o empeña lo que tenga a su alcance, incluso su casa, para dejar la cárcel. Más que un lugar seguro para su familia, le interesa poder trabajar para recuperarse.

Ignora que el sacrificio suyo y de sus familiares forma parte de una infame forma de saqueo que nos lleva a suponer la existencia de una verdadera red perversa de jueces, cuyas sentencias, entre más afectan a los involucrados en cuestiones legales, más sirven para atesorar un fondo que, con posterioridad será repartido como el botín que es para un puñado de delincuentes con nombramiento.

Inconsistencias en las cuentas públicas del Poder Judicial llevaron al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a reprobar el ejercicio 2007. No es para menos. Entre otras muchas cosas, detectaron que se dispuso de un dinero que teóricamente sería intocable, porque para reunirlo muchos se privaron de lo indispensable y otros, unos cuantos, seguramente hacen esfuerzos para que les baje la tremenda panza, formada por el exceso, por el incansable operar de sus largas y filosas uñas.

Pero eso no es lo único. Ay de la persona que deba acudir a un juzgado. Conocerá la miseria, porque el dinero se ha usado para el capítulo suntuoso de los magistrados, pero es insuficiente para adquirir o arrendar instalaciones dignas.

Qué importa si alguna persona, empleado o usuario, enferma por el exceso de humedad en uno de estos infernales despachos, mientras las oficinas de los señores magistrados lastimen con sus candiles de cristal cortado y sus mullidos sillones sobre onerosos tapetes.

A quién le afecta que una mujer embarazada pase sus peores momentos en algún juzgado, porque cuando quiso utilizar un sanitario, se negaron a facilitarle la llave del único que existe en el maloliente edificio. Y no por miserables, sino porque no funciona, nunca –desde que es ocupado por el Poder Judicial – ha servido.

Entre peores las instalaciones, mejor. Lo importante es aparentar que andan muy mal. Así podrán pedir más dinero y, los usuarios, los desafortunados usuarios, servirán para exigir partidas extra a los malos diputados que autorizan el presupuesto.

Nos podemos pasar todo el espacio enumerando las formas que tienen para saquear a los pobres o ricos, involucrados en algún asunto de carácter judicial.

Y eso, nos acerca como nunca a la inconformidad social. Ya no aguantamos a esos vividores que se pasan por el arco del triunfo la ley de salarios máximos y se procuran despensas llenas de ultramarinos y autos nuevos como si fuesen calzones.

Alguien tiene que frenar a estos si queremos impedir que se siga deteriorando el sentir social, la miseria de muchos mientras unos cuantos viven en opulencia.

En otros estados, situaciones como esta permitieron al crimen organizado usar su perversidad para volverse popular entre la gente.

Si unos me roban con amenazas y otros me dejan sin casa, da igual a cual de los dos se escuche.

¿Qué vale más a los ojos de las clases medias y bajas, cada vez más azotadas por el saqueo institucionalizado, un maleante que le sangra su negocio vendiéndole protección para dejarlo funcionar, o un magistrado presumiendo una tremenda camioneta y la cartera llena de dinero malhabido?

Valen lo mismo…