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Adiós a los juicios políticos de Huamantla y Axocomanitla

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Al inicio del año cuando se determinó empezar los juicios políticos contra los presidentes municipales de Huamantla y Axocomanitla por supuestas irregularidades financieras existían ciertas condiciones que hacían pensar que ambos procedimientos prosperarían, pero como se atravesó la pandemia de Covid-19 y los diputados locales optaron por suspender sus actividades cada vez parece más lejano que esos casos terminen con una resolución a favor de las partes acusadoras.

La emergencia sanitaria impuesta por las autoridades federales y estatales ha sido la mejor aliada de los alcaldes señalados, no sólo porque han tenido más tiempo para encontrar los elementos que justifiquen su acción y el manejo de los recursos públicos, sino que porque al interior del Congreso del Estado ya no existe el consenso que se tenía en torno a investigar ambos casos y poner una sanción ejemplar.

El edil priísta de Huamantla Jorge Sánchez Jasso y la alcaldesa ex panista de Axocomanitla Martha Palafox Hernández tienen amplias posibilidades de concluir su periodo y mantenerse en el cargo hasta agosto del 2021, salvo que el diputado morenista José María Méndez Salgado, presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes logre armar los expedientes y sumar los votos que requiere para proceder en su contra.

En 15 días más concluirá el actual periodo ordinario de sesiones y aunque al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política que preside la petista Irma Garay Loredo se analiza la opción de convocar a un periodo extraordinario para abordar pendientes y tratar de cumplir con la agenda legislativa, la realidad es que no existe el consenso para tal propósito porque la intención de muchos legisladores es regresar a trabajar hasta agosto para darle prioridad a la revisión y aprobación de las cuentas públicas del 2019.

De concretarse lo anterior, difícilmente los diputados locales aceptarán discutir y tratar los casos de juicios políticos de Huamantla y Axocomanitla, pues prácticamente estarán encima los comicios del 2021 y no faltarán las acusaciones de que los legisladores estarían usando esos procedimientos con fines electorales y para su beneficio, sobre todo porque José María Méndez se muere por ser candidato a la alcaldía del pueblo mágico de los muéganos y de las espectaculares alfombras de aserrín.

Los diputados tlaxcaltecas tendrán suficiente trabajo y presiones con la revisión de las cuentas públicas del 2019. Tal y como ha sucedido últimamente, en esta ocasión también se habla de que existen estados financieros que serán reprobados porque los alcaldes no justificaron adecuadamente la aplicación de los recursos públicos y porque algunos organismos públicos descentralizados y dependencias estatales estarían en las mismas condiciones.

A la anterior situación habrá que sumar las quejas y denuncias que se presentarán en los siguientes días en el Congreso del Estado contra uno que otro presidente municipal que determinó unilateralmente pagar durante la emergencia sanitaria sólo el 50 por ciento de los salarios a su personal como es el caso del ayuntamiento de Panotla y Tocatlán, situación que no sólo es ilegal sino que los munícipes no tienen ningún elemento para justificarla porque los trabajadores fueron obligados y nunca aceptaron esa medida.

También se esperan denuncias por presuntos malos manejos en que han incurrido ciertos alcaldes que han aprovecho la actual pandemia de coronavirus para comprar a sobre precios cubrebocas, gel antibacterial y otros productos para llevar procesos de desinfección en sus poblaciones.

Se han detectado compras a sobreprecios y también que los volúmenes adquiridos están inflados, pues hay alcaldes que piensan que pueden burlar una revisión fiscalizadora porque nadie estará en condiciones, según ellos, de verificar si realmente recibió 200 mil cubrebocas que compró a su proveedor y si éstos fueron repartidos entre los habitantes de su municipio cuya cantidad no supera las 18 mil personas.

El tiempo y la carga de trabajo determinarán cuáles serán las prioridades de los actuales diputados locales que en las siguientes semanas deberán decidir si siguen los mencionados juicios políticos y atienden otros rezagos legislativos u optan por dar preferencia a los procesos de fiscalización y de revisión de los gastos que están realizados los presidentes municipales.

Veremos qué pasa.

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