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Las autoridades rebasadas por la sed de justicia del pueblo

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A principios de este mes le advertimos que la indiferencia de las autoridades para atender el grave problema de la inseguridad era preocupante porque no había una respuesta favorable para detener y llevar ante la justicia a los delincuentes, por lo que era lógico que los ciudadanos decidieran hacerse justicia por sus propias manos tal y como sucedió en este nuevo fin de semana violento que dejó muy mal parado a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Guardia Nacional.

La pasividad de las fuerzas policiacas de Tlaxcala quedó demostrada y éstas fueron incapaces de intervenir y frenar el asesinato de un hombre y su hermana en San Miguel Tenancingo tras ser acusados injustificadamente de llevar a cabo un supuesto secuestro de una joven en Papalotla.

De acuerdo con las primeras investigaciones de los ineficientes agentes de la PGJE que controla el fiestero “académico” José Antonio Aquiahuatl Sánchez, se sabe que la supuesta víctima de secuestro nunca fue privada de su libertad y que al parecer estaba casada o unida a otra persona, sin embargo sostendría una relación con el hombre que fue linchado a golpes junto con su hermana.

El probable responsable de incitar a la violencia y alborotar a los vecinos de Tenancingo habría sido la pareja de la supuesta mujer secuestrada que al estar dolido y ofendido buscó vengarse sin medir las consecuencias de sus actos.

Tal y como pasó el pasado fin de semana con un supuesto ladrón atrapado en una comunidad del municipio de Chiautempan, la policía municipal y estatal, así como los elementos de la policía de investigación y de la Guardia Nacional dejaron actuar a los encabronados ciudadanos que buscaban satisfacer su sed de justicia, de ahí que no pararon hasta que mataron a los hermanos que al parecer nunca incurrieron en ningún delito.

Como ya es normal en Tlaxcala, la PGJE abrió la investigación por esos lamentables hechos sin que se tenga a un solo detenido por ese acto de barbarie, tal y como pasó en los linchamientos que dejaron muertos en San Pablo del Monte y en Hueyotlipan, pues el procurador Aquiahuatl Sánchez y su ineficaz equipo no han podido concluir las investigaciones iniciadas en 2018 y mucho menos judicializar esas carpetas, como si el mensaje fuera que este gobierno permite hacerse justicia por su propia mano.

Y resulta más que obvio ver como el mensaje ha sido recibido por los tlaxcaltecas, ya que este fin de semana estuvieron a punto de registrarse otros linchamientos en la comunidad de El Carmen Aztama del municipio de Teolocholco y en San Miguel Xochitecatitla, población del municipio de Nativitas. En ambos casos se trató de presuntos ladrones que sí pudieron ser rescatados, no sin antes recibir una buena golpiza.

La omisión de las autoridades estatales para intervenir y dejar que los ciudadanos lleven a cabo impunemente linchamientos debe ser investigada y en su caso ser castigada, porque es obvio que alguien está fallando y está haciendo todo lo posible para perjudicar la de por si dañada imagen de la actual administración estatal que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez.

Un reciente estadio de la organización denominada “Impunidad Cero” determinó que la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala y la de Veracruz son las peor evaluadas según la percepción de los ciudadanos de ambas entidades, por lo que valdría la pena que el gobernador Mena analizara la conveniencia de realizar un ajuste en esa dependencia, pues está claro que el “académico” no puede con el cargo y que su salida es lo mejor que le puede pasar a un estado golpeado por los criminales y la impunidad.

A nadie la conviene que se mantenga este clima de inseguridad y de intentos de linchamiento, porque así como al parecer se cometió un error en el ajusticiamiento de los hermanos en San Miguel Tenancingo, no se descarta que se repitan más casos como el anterior porque las fuerzas policiacas no quieren intervenir a tiempo y enfrentar a los ciudadanos que están encabronados por tantos abusos de los criminales.

La descomposición social del estado no es un tema menor. Urge atender la problemática antes de que el malestar se enfoque en el gobernador y los ciudadanos empiecen a pedir su salida.

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