Si hay un rubro donde ha quedado más que evidente la mediocridad de los funcionarios estatales es el de la seguridad, al grado que las bandas de delincuentes operan a plena luz del día y en municipios importantes burlándose en todo momento de la policía estatal, de los “rudos” agentes de la PGJE y de la Guardia Nacional que en conjunto representan una pantomima incapaz de frenar el paso galopante del crimen.
El viernes pasado mientras el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez atendía desde temprano al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, una trío de criminales intentó cometer un atraco contra una clienta del banco BBVA de Apizaco que realizaría un importante retiro de dinero, sin embargo éste se frustró porque al interior de la institución se encontraba un policía municipal de Lázaro Cárdenas que enfrentó a los delincuentes, acción que fue apoyada por los custodios de valores de Cometra que accionaron sus armas contra los hampones.
El caos y el miedo se hicieron presentes porque en las calles céntricas de Apizaco se desató atípica balacera.
Y mientras eso pasaba, la dupla conocida como “los hermanos lelos” conformada por el secretario de Gobierno del estado, José Aarón Pérez Carro y el inútil procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, sostenían una “sesión de trabajo” en un conocido restaurante del centro de Tlaxcala.
Ahí, Aquiahuatl Sánchez tuvo tiempo para presumir el “fiestón” que le organizaron un día antes sus principales subordinados (Abigaíl y Manolo. La primera agente del Ministerio Público de Huamantla y el otro encargado de resolver los robos de vehículos en Apizaco) para celebrar su primer año como procurador general de Justicia en el estado.
La fiesta digna de un acaudalado viejo político priista se llevó a cabo con toda la discreción posible y poco importó al nefasto funcionario que se hubiera registrado ese mismo día una ejecución más de una pareja de personas en el municipio de Tzompantepec.
Pero siguiendo con los hechos violentos del pasado viernes, después de la balacera de Apizaco y cerca del mediodía un comando armado procedió a asaltar la tienda Coppel de Zacatelco. Las versiones señalan que participaron por lo menos 12 ladrones que pudieron llevarse, sin ningún problema, joyas y teléfonos celulares cuyo valor ronda los 400 mil pesos.
Está de más decir que las policías municipales de Tlaxcala al igual que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que controla el mexiquense Eduardo Valiente Hernández están rebasadas y que simplemente no pueden contener las actividades criminales que se realizan en la entidad.
Para demostrar que los criminales son los que mandan y hacen lo que quieren en el estado, resulta que en la madrugada del domingo integrantes de la Guardia Nacional fueron golpeados y despojados de cuatro fusiles por sujetos identificados como miembros de una banda tlaxcalteca dedica al robo de trenes.
El ridículo que hizo la fuerza federal creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue mayúsculo y confirma que Tlaxcala está a merced de la delincuencia.
Para nadie es un secreto que el joven gobernador Marco Mena delegó las tareas de seguridad a tres mediocres funcionarios como el recomendado de la ex gobernadora Beatriz Paredes Rangel y que hoy despacha como secretario de Gobierno José Aarón Pérez, el obscuro procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl y el metrosexual Eduardo Valiente que se ostenta como secretario de Seguridad Ciudadana.
De ese trio poco o nada se puede espera porque es obvio que sólo llegaron a sus cargos para cuidar su trabajo, su sueldo y privilegios, pues su mediocridad es tan grande y evidente que sobresalen en un gabinete estatal que está sumergido en la vulgaridad.
El gobernador debe recomponer y cambiar la estrategia de su administración en materia de seguridad, porque mientras siga igual mantendrá los actuales niveles de reprobación ciudadana que lo ubican como uno de los peores mandatarios del país.
A la actual administración aún le quedan dos años y 19 días en el poder, de ahí que está obligada a atender ese problema que cada mes se agudiza.