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La creciente ineptitud de la PGJE

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Al interior de la Procuraduría General de Justicia en el Estado hay algo podrido que es capaz de corroer las buenas intenciones de los últimos tres responsables de esa área del gobierno estatal que han prometido un cambio y una transformación que sólo se ha quedado en declaraciones estrambóticas, porque hay incapacidad, corrupción y una enorme ineptitud que sólo un ciego no podría ver.

Aunque un sector de la sociedad tlaxcalteca haya perdido su capacidad de asombro por los terribles sucesos violentos registrados en la entidad, como fue el intento de ejecución de un padre y su hija sobre una carretera en el municipio de Huamantla, la realidad es que los crímenes van en aumento así como los niveles de crueldad que se emplean para llevarlos a cabo.

El procurador General de Justicia del Estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, debería dejar los eventos oficiales y sociales, así como las entrevistas que le encanta dar para que exalten sus “logros” y dedicarle más tiempo a controlar a su personal y a investigar los hechos sangrientos que se han presentado en las últimas semanas, porque su labor deja mucho desear y empieza a ser decepcionante.

Debería dejar de proteger y avalar los excesos de la policía investigadora como los cometidos hace unos días por su amigo y subordinado Jesús Ortega, quien sin seguir con los procedimientos que establece la ley ordenó asegurar un inmueble donde se vendía huachicol.

Si bien en ese lugar se comercializaba hidrocarburo de manera ilegal, la realidad es que los procedimientos para asegurar y solicitar una orden de cateo ante el juez de distrito del sistema acusatorio en el estado de Tlaxcala no se cumplieron, lo cual el “experto” procurador debería saber porque según él domina el tema.

Lo peor del caso, es que dicen que los agentes de la PGJE reaccionaron con exceso y prepotencia al no obtener un beneficio económico por parte de los involucrados.

El impoluto Aquiahuatl Sánchez sabe de qué pie cojean sus agentes y de la enorme corrupción que prevalece entre ellos, pues las quejas de las víctimas que participaron en el Foro de la Construcción de la Paz y Reconciliación Nacional Región Tlaxcala-Puebla que se realizó en el Centro de Convenciones de la capital no fueron menores.

Uno de los temas principales fue la falta de atención de las víctimas de algún delito por parte de personal de la PGJE. Algunos asistentes manifestaron que es un temor entrevistarse con los miembros de la policía de investigación, ya que los empiezan a intimidar y en ocasiones éstos solicitan dinero para que realicen su trabajo de manera inmediata o de lo contrario se toparán con obstáculos para que se pueda aplicar la ley a quien haya cometido el delito.

En pocas palabras, trascendió que los policías de la PGJE bajo el mando de David Mejía Morales en lugar de ayudar en la investigación, acuden a ver a familiares o a los mismos denunciados para solicitar un estímulo económico con el compromiso de que rendirán un informe y trabajarán testigos para que salgan beneficiados y así entorpecer el actuar del ministerio público.

Conforme pasan los días se evidencian más los arreglos de la PGJE con las bandas criminales que operan en Tlaxcala.

Un ejemplo es lo que pasa en Atltzayanca, donde el alcalde priista Noé Parada Matamoros, dicen que permite que su cuñado realice “ciertos trabajos” en las carreteras y negocios de la zona, lo cual lleva a cabo con total impunidad al presumir que hay una complicidad con los elementos de la policía investigadora.

Es evidente que la PGJE y sus policías están más interesados en obtener beneficios que en atrapar a los delincuentes, por esa razón los homicidios de las últimas semanas siguen impunes y con cero avances en las investigaciones.

Lo sucedido ayer en Huamantla seguramente será otro caso que nunca será aclarado y ni se llevará a los responsables ante la justicia.

Con el paso de las semanas y meses empieza uno a entender porque el ex gobernador Mariano González Zarur no permitió que José Antonio Aquiahuatl Sánchez estuviera cerca de la Procuraduría General de Justicia en el Estado durante su administración.

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