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corrupción 17

La omisión legislativa que puede salir muy cara

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La apuesta para llevar al límite la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción puede ser muy riesgosa para el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, porque si a su partido le va mal en las elecciones federales y locales del 1 de julio verá acotado su margen de maniobra para designar a los funcionarios que integrarán esos órganos.

Sólo faltan cuatro sesiones ordinarias para que finalice el primer periodo de trabajo de los actuales diputados locales.

Y a su periodo como legisladores le restan cuatro meses y doce días, pues el 29 de agosto de este año dejarán sus cargos.

Pero antes se conocerá cuántos diputados lograron la anhelada reelección y si el PRI y sus aliados pudieron mantener el control del Poder Legislativo, tal y como lo ejercen en la actualidad.

Reacios a legislar con tiempo y acomodar las circunstancias a su favor, los diputados prefirieron darle prioridad a temas superficiales que en dedicarle tiempo y trabajo para poner en marcha la operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción, proceso donde Tlaxcala ocupa el último lugar por su marcado desinterés en implementar ese andamiaje.

El 29 de abril termina el actual periodo ordinario de sesiones y los diputados regresarán hasta julio para reanudar sus labores legislativas, sin embargo sólo tendrán 45 días para sacar algunos pendientes que se pueden complicar si la oposición gana los espacios suficientes que le garanticen el control del Congreso del estado en la próxima legislatura.

Si la oposición logra la mayoría en la siguiente legislatura, lo más seguro es que tratará de arrebatar al mandatario estatal y al PRI el control de decisiones importantes que están pendientes y que tienen que ver con la designación de todos los funcionarios que operarán el mencionado sistema.

Hoy en día el PRI y sus aliados no hubieran tenido muchos problemas para designar al Fiscal Anticorrupción, a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Organizador, así como al Secretario Ejecutivo y a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Pero la terquedad de prolongar la designación de las personas que ocuparán esos cargos puede tener un alto costo para el actual grupo en el poder, porque lejos de tener aliados en esas posiciones puede perder el control de esos órganos que en manos de la oposición representarían un riesgo para aquellos que hoy en día controlan las compras y la asignación de obras en el gobierno del estado y en algunos ayuntamientos.

Para nadie es un secreto que existen proveedores consentidos y que los sobreprecios son la constante, así como la existencia de personajes con varias constructoras que ayudados por una instancia encargada de la fiscalización logran contratos de obras en los ayuntamientos con la garantía de que sus cuentas públicas no serán observadas.

Si bien en 16 meses las autoridades estatales y municipales no han estado involucradas en escándalos de corrupción, eso no quiere decir que esa lamentable práctica es ajena al gobierno del estado y los ayuntamientos, porque aunque usted no lo crea pronto se empezarán a conocer casos que involucran a personajes que ni se imagina.

Pronto veremos si el atraso en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción no tiene un elevado costo para el actual gobierno.

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