La Procuraduría General de Justicia en el Estado y la Comisión Estatal de Seguridad pretenden mostrarse como dos dependencias eficaces, cuando en realidad su trabajo es deficiente y muy cuestionable porque la lista de pendientes que enfrentan es enorme y su actuar en otros asuntos o conflictos ha sido lenta y hasta omisa.
Como si hubiera detenido al delincuente más buscado de México, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) bajo el mando de José Aarón Pérez Carro presumió la aprehensión de la niñera Elisa N, quien ayer mismo fue ingresada al penal para enfrentar la acusación de lesiones calificadas que habría cometió contra dos menores de edad.
Tras el escándalo generado por la difusión de unos videos donde se observa el presunto maltrato que la mujer llevaba a cabo hacia unos gemelos, la PGJE se olvidó de las investigaciones de los ejecutados de Apizaco y Nativitas, así como de otras indagatorias abiertas para dar prioridad a ese caso que indignó a la sociedad.
En un lapso record de 15 días las eficientes autoridades lograron no sólo integrar la carpeta de investigación número 33/2018 y obtener la orden de aprehensión por parte del juez segundo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Raúl Baizabal Aguirre, sino detener a la implicada para hacer realidad los conceptos constitucionales que establecen que la justicia debe ser pronta y expedita.
Lo malo es que sólo se trabajó en este caso con rapidez y eficiencia, porque para nadie es un secreto que la PGJE tiene más de mil órdenes de aprehensión sin ejecutar y cientos de carpetas abiertas que no han tenido ningún avance.
Ahí están los casos de los ejecutados en Apizaco y Nativitas, hechos violentos que se cometieron casi al mismo tiempo en que estalló el escándalo de la niñera golpeadora y que no se sabe nada en concreto.
También están las 33 denuncias contra igual número de ex alcaldes que se presume malversaron los recursos públicos de sus ayuntamientos. Las carpetas ya tienen varios meses y es la fecha que no hay detenidos, pese a que existen todos los elementos para ejercer la acción penal.
La lista de los pendientes de la PGJE es enorme, de ahí que la política selectiva que aplica esa dependencia para presumir eficiencia es muy criticable. Un caso trabajado en fast track no implica el cambio radical que esperan los tlaxcaltecas en la procuraduría.
La CES se acredita lo bueno
Otro supuesto logro que ayer se pretendió vender fue la recuperación de un recién nacido y la detención de la mujer que intentó robarse al infante luego de haberlo sustraído del Hospital General de Tlaxcala.
Una vez que la mamá del menor detecta que una mujer vestida de enfermera le había quitado a su hijo sin un aparente motivo, ésta reporta de inmediato el hecho a las autoridades del nosocomio. En segundos, Alfredo Adán Pimentel director del hospital solicita la intervención de la policía estatal y municipal para ubicar a esa mujer que ya no se encontraba en el inmueble.
El hecho fue reportado casi al mismo tiempo a las corporaciones policiacas de los municipios aledaños, por lo que los uniformados de Totolac montaron un filtro de seguridad en las cercanías del centro expositor, donde lograron ubicar a una unidad y a una mujer que llevaba a un recién nacido. A los pocos segundos llegó al lugar personal de vialidad estatal a cargo de Antonio Ramírez, quienes procedieron a auxiliar al infante y aprehender a la implicada en el robo de ese bebé.
El personal de la CES al final asumió el control de la situación y como ya es costumbre el responsable de esa dependencia Herve Hurtado Ruiz se acreditó ese logro sin dar crédito a la policía municipal de Totolac y al personal de vialidad estatal.
Ojalá ese funcionario estatal fuera más congruente con lo que declara en sus comunicados de prensa, donde dice que “el compromiso de cada policía es brindar la atención oportuna y cero tolerancia ante cualquier acto de impunidad que trasgreda la seguridad de la ciudadanía y del estado”.
Ese compromiso nunca se lo vimos en el conflicto registrado la semana pasada en el municipio de Ixtenco, donde pese a recibir varios e insistentes llamados de ayuda dejó sólo al torpe alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca y a los elementos de las policías municipales que acudieron a ese lugar para auxiliar a las autoridades de esa población que enfrentaban el encabronamiento de los habitantes.
El espejismo que tratan de vender la CES y la PGJE es muy chafa como para creerles que esas dos dependencias están dando buenos resultados. O no.