El ex gobernador Mariano González Zarur no le preocupa nada, porque al parecer no hay nadie en Tlaxcala que tenga el valor de confrontarlo y exigir a las autoridades que sea investigado no sólo por el probable daño financiero dejado a las arcas, sino por los excesos cometidos en su administración.
Nadie quiere tocar ni con el pétalo de un rosa al hacendado Mariano González Zarur, sobre quien pesan acusaciones de probables quebrantos financieros que no han merecido la mínima atención de los actuales integrantes del Congreso del estado.
En un reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se documentó que en Tlaxcala existe un probable daño patrimonial de 352 millones de pesos que habría cometido la administración del ex gobernador, pues nadie sabe en qué y dónde fue a parar esa cantidad de recursos públicos.
Ese órgano realizó una revisión en aquellas entidades donde se llevó a cabo el relevo de gobernadores y encontró que en 10 estados había inconsistencias financieras que suponen desvíos o faltantes de importantes cantidades de dinero.
Las anomalías detectadas por la ASF son 42 mil 615 millones del gobierno de Veracruz, 9 mil 105 en Oaxaca, 4 mil 706 millones en Puebla, 4 mil 383 millones en Quintana Roo, 3 mil 923 millones en Zacatecas, 3 mil 247 millones en Sinaloa, 3 mil 256 millones en Durango, mil 48 millones en Chihuahua y mil 44 millones en Hidalgo.
Si comparamos la cantidad observada en Tlaxcala que fue de 352 millones de pesos con las cifras registradas en los otros estados llegaremos a la conclusión que es mucho menor, sin embargo no por eso los diputados locales y la actual contralora del ejecutivo, Marisela Escobar Sánchez, deben mostrarse indiferentes y solapar esa irregularidad.
Hay que tener presente que en el informe del 2015 la ASF encontró un daño patrimonial en Tlaxcala por más de 1,200 millones de pesos, sin que hasta la fecha la actual administración haya informado si las observaciones del ente fiscalizable fueron solventadas o se mantiene vigente ese quebranto financiero cuya cifra podría incrementarse con los resultados que arroje la revisión total del 2016.
Marisela Escobar es una enorme decepción. No pudo con el paquete y mucho menos tuvo el valor de iniciar una investigación no sólo al ex gobernador Mariano González, sino a los ex funcionarios que tienen responsabilidad en esos faltantes de recursos públicos.
Para que sirve una contralora del ejecutivo que se ha limitado a poner en marcha la campaña “Honestidad Tlaxcala” cuando no tiene la iniciativa y voluntad de indagar y sancionar los múltiples excesos de la pasada administración.
A principios julio de este año, Escobar Sánchez demostró que es una ternura de contralora al declarar que su dependencia tenía abiertos 43 procedimientos contra actuales y pasados funcionarios, sin que entre ellos se ubicara uno de primer nivel, es decir, la mujer optó por simular que investiga para así justificar su salario que cobra cada mes.
Llama la atención que los actuales diputados panistas se muestren hoy en día muy interesados en tratar de castigar la añeja práctica de “los moches” en la contratación y ejecución de la obra pública, cuando en el caso de los presuntos desvíos detectados por la ASF en el gobierno de González Zarur han guardado un absoluto silencio cómplice que demuestra que su “lucha” contra la corrupción es un asunto mediático.
Resulta ridículo que quieran reformar la ley para sancionar futuros actos de corrupción y no tengan la capacidad de exigir que se sancione las conductas ilícitas detectadas y documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
En fin, no cabe duda que Mariano González sigue siendo el amo en Tlaxcala.