Tlaxcala está lejos de contar con un confiable Sistema Estatal Anticorrupción, pues los diputados locales no muestran ningún interés para legislar con tiempo y llevar a cabo los nombramientos de un fiscal y dos magistrados que se encargarán de aplicar la ley en materia administrativa. Todo dependerá de la negociación que logren el PRI y sus aliados con el PAN y PRD.
Los diputados tlaxcaltecas una vez que asumen el cargo parece que de inmediato se colocan el chip del valemadrismo, porque legislatura tras legislatura es común ver cómo trabajan al vapor para aprobar leyes sin consultar a los ciudadanos, es decir, ven por sus intereses partidistas y de grupo y se olvidan del bien común.
Aunque los legisladores tuvieron casi once meses para analizar y aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción, la realidad es que será hasta diciembre cuando se someta a votación las leyes secundarias que darán vida a esa estructura que busca castigar las conductas ilegales en la administración pública.
El laberíntico diputado Enrique Padilla Sánchez que es responsable de sacar adelante ese nuevo sistema jugó bien por casi once meses con el tema, porque incluso llegó a tener credibilidad sobre sus acciones encaminadas para darle vida a ese andamiaje legal, pero por desgracia el tiempo demostró que sigue siendo un gran simulador, un convenenciero y que se mueve como una veleta que hoy apunta hacia Palacio de Gobierno.
Padilla Sánchez sólo ve su beneficio personal y hoy más que nunca sabe que si logra sacar adelante el sistema y los nombramientos que disponga el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tendrá garantizada su reelección como diputado local, posición que anhela para desde ahí proyectarse como un aspirante a la gubernatura para el 2021 sin estar bajo la tutela de Mariano González Aguirre.
Por esa razón, el sobrino de Beatriz Paredes acató la instrucción de llevar la aprobación de las leyes secundarias de ese sistema hasta diciembre, mes en el que también los legisladores deberán aprobar los nombramientos del fiscal anticorrupción y de los magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala una vez que el mandatario Mena Rodríguez envíe las respectivas ternas.
En los pasillos del Poder Legislativo corre el rumor que para nombrar al fiscal anticorrupción se prevé lanzar una convocatoria a fin de abrir ese espacio a las propuestas ciudadanas y de diversos organismos, sin embargo sólo se trata de una celada para tratar de vender la idea de que la designación de ese funcionario será un proceso limpio y democrático, pues legalmente el gobernador tendrá que enviar una terna a los diputados que al final votarán por el hombre o la mujer que reciba el visto bueno del mandatario tlaxcalteca.
Los diputados tienen 52 días para aprobar las leyes secundarias y los mencionados nombramientos a fin de cumplir con la disposición legal que establece que el Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala deberá operar a partir del 2018.
El presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Arnulfo Arévalo Lara, tuvo un arranque de honestidad al declarar que si bien para él y otros legisladores es una prioridad el citado sistema, ésta no puede estar por encima de los intereses y negociaciones que se lleven a cabo en la Junta de Coordinación y Concertación Política que preside el diputado priista Mariano González Aguirre.
Ahora resulta que el futuro de ese andamiaje depende del ánimo y la voluntad de los diputados que integran ese órgano de gobierno del Poder Legislativo, lo cual resulta lamentable porque difícilmente en esas mentes existe el deseo de aprobar leyes que garanticen un sistema anticorrupción moderno y con dientes, pero sobre todo que tenga la característica de ser independiente del gobernador y de los legisladores.
Con estos antecedentes le puedo asegurar que el Sistema Estatal Anticorrupción no servirá de nada y será una pantomima más con la que se pretende simular que en Tlaxcala se castiga la corrupción.
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