Se equivocan quienes piensan que con nuevas leyes y cambios constitucionales se erradicará la corrupción en el estado, porque siempre han existido normas y lo que siempre ha faltado es voluntad de aplicarlas a aquellos funcionarios que abusan de su cargo para desviar recursos públicos.
El exagerado interés que muestran algunos actores políticos para combatir la corrupción que se registra en Tlaxcala aunque podría ser genuino, en los hechos pareciera un pretexto para lograr presencia mediática porque al final el Sistema Estatal Anticorrupción que se pretende aprobar en los próximo días no aportará nada nuevo.
El gobernador Marco Mena y los diputados locales no aprovecharon el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del estado para impulsar reformas para prevenir y castigar probables actos de corrupción.
El primero envió al concluir el quinto mes de su gobierno su iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de anticorrupción.
Aunque los diputados ya tenían avanzado su trabajo legislativo sobre el mencionado sistema, optaron por cerrar el periodo ordinario de sesiones y acordaron aprobar esos cambios en una sesión extraordinaria que está por celebrarse, pues el plazo para que ese nuevo andamiaje legal este avalado es el 18 de julio.
El diputado perredista Alberto Amaro Corona envuelto en su bandera de honestidad le ha dado por hablar de lo que debería ser el Sistema Estatal Anticorrupción al grado que hasta ya propuso una ley para proteger a testigos de esos actos, quienes según él podrán denunciar y la autoridad tendrá que proteger su identidad, propuesta muy romántica y que quizá está motivada por el exceso de ver series de televisón realizadas en el extranjero.
Si su interés por combatir la corrupción es real entonces para que esperar al nuevo sistema, ya que bien podría acudir al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia en el Estado para solicitar infomación sobre las anomalías millonarias de ex alcaldes, de los presuntos desvíos detectados en la administración de Mariano González Zarur y preguntar porque las denuncias no avanzan para castigar a los responsables de esas irregularidades financieras.
Como presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado no ha entregado ningún resultado. Amaro Corona sabe de los excesos que cometieron varios ex alcaldes y hasta el momento no ha emitido un señalamiento serio para exigir al OFS y a la Procuraduría General de Justicia en el Estado que cumplan con su trabajo.
Su obsesión por convertirse en candidato a senador en los comicios del 2018 es tan grande como su ego, de ahí que no tiene empacho en presumir a sus compañeros legisladores que el paga mensualmente 20 mil pesos a la prensa para que hable bien de él y sus apariciones en los medios de comunicación sean permanentes.
El diputado perredista en verdad piensa que los tlaxcaltecas somos ilusos o tontos. Decir que urge aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción para que Tlaxcala deje de ocupar el octavo lugar de la lista de los estado más corruptos del país suena a demagogia pura, porque lo que no existe es voluntad para castigar esa práctica arraigada en todas las estructuras del gobierno.
En unos días más cuando se apruebe el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción los halagos a esos cambios legales serán la constante, así como los buenos propósitos para terminar con ese terrible mal, sin embargo en unos meses nadie percibirá un cambio y las cosas seguirán igual como hasta ahora, es decir, pura simulación.