En un buen problema se metió la actual legislatura que ahora deberá ser escrupulosa para sacar adelante la designación de su representante ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues el mínimo error empañará el proceso donde participan abogados que no se prestarán a ninguna simulación.
La ambición de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Elsa Cordero Martínez, raya en lo absurdo al mostrar una enfermiza obsesión por lograr que el representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial sea un abogado que se someta a sus caprichos y deseos.
Uno no se explica el por qué la vanidosa abogada intenta intervenir en una decisión que corresponde al Poder Legislativo, como si tuviera la enorme necesidad de garantizar el control absoluto de ese órgano encargado de administrar los recursos públicos y el personal que labora en el TSJE.
En estos momentos el Consejo de la Judicatura está conformado por Elsa Cordero como presidenta, en representación de los magistrados se encuentra María Sofía Margarita Ruiz Escalante, por los jueces Leticia Caballero Muñoz y como representante del Poder Ejecutivo Mildred Murbatián Aguilar. El lugar que sigue vacio es el del Congreso del estado.
Si uno revisa la lista de los 40 abogados inscritos para el proceso, comprobará que en ella se observan los nombres de diferentes empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado como es el caso de Claudia Pérez Rodríguez, Gerardo Felipe González Galindo, María Avelina Meneses Cante, Martha Zenteno Ramírez, María Juana Nava Ahuactzin, Esther Terova Cote, Leonardo Vargas Terrones y hasta la secretaria particular de Elsa Cordero una tal Rossana Rubio Marchetti, cuyo único mérito es ser la dama de compañía de su jefa.
Los diputados locales se entramparon y ahora cualquier imposición en la designación de su representante ante ese órgano podrá implicar un nuevo litigio, pues hay abogados con experiencia y trayectoria que no se van a prestar a un juego o una simulación.
El primer intento para imponer a Emilio Velásquez Leiva como miembro de ese consejo fracasó porque el PRI y el diputado Mariano González Aguirre nunca pudieron convercer al PAN de que ese abogado era la mejor opción, de ahí que los legisladores decidieron declarar nula la primera convocatoria y abrir un nuevo poceso que desde ahora luce complicado.
Sin duda uno de los mejores aspirantes para ocupar el cargo de representante del Congreso del estado ante el Consejo de la Judicatura es José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien goza de prestigio a nivel nacional al ser uno de los principales capacitadores del Nuevos Sistema de Justicia Penal y por tener una preparación académica sólida que pocos pueden acreditar.
Pero también participa el ex subprocurador de Justicia José Juan Temotlzin Durante, quien sin duda tiene los conocimientos y la experiencia para desempeñar el cargo. Pero también hay abogados de relleno como el mediocre ex juez municipal Enrique Zempoalteca Mejía y Juan Pablo Hernández Jiménez, hijo del expresidente del TSJE, Justino Hernández, quien es recordado por llegar a eventos oficiales en estado de ebriedad.
Un participante que de inmediato atrajo las miradas fue Leonel Lara Mena, por ser un pariente del gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodíguez. No se sabe si lleva la bención o si se inscribió por una decisión personal.
Lo malo es que desde anoche se dejó correr el rumor de que el diputado Mariano González estaba cabildeando con otros legisladores la designación de Eloy Edmundo Hernández Fierro, un abogado ligado al ex grupo conformado por Orlando Santacruz Carreño y Jorge Luis Vázquez Rodríguez, del mismo donde salió el ahora frustado Emilio Velásquez.
Las cartas están sobre la mesa y habrá que esperar como se juegan. Ojalá que los diputados designen a un digno representante ante el Consejo de la Judicatura y eviten la judialización de ese proceso.