Alguien puede creer que en el gobierno de Mariano González Zarur no existió corrupción. Nadie verdad, sin embargo llama la atención que no existe ningún señalamiento o acusación, cuando hoy podemos ver que varios manchifuncionarios viven con lujos y presumen una riqueza que hace unos años no tenían.
Hasta donde llegará la voluntad de las autoridades por castigar posibles actos de corrupción que se cometieron en las pasadas administraciones municipales, cuando en los hechos se mantiene la estructura administrativa que en los últimos seis años fue participe de la opacidad y el encubrimiento de conductas ilícitas.
Aunque en estos momentos existan entre 11 y 15 denuncias contra ex presidentes municipales, a quienes se les acusa de malos manejos financieros y sustraer documentación oficial de los ayuntamientos, la percepción que existe es que ningún ex edil pisará la cárcel porque simplemente las investigaciones para proceder en su contra no avanzarán o los expedientes se integrarán con fallas e inconsistencias como ya es costumbre en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El nuevo procurador de Justicia, Tito Cervantes Zepeda, tiene disposición de terminar con la impunidad que prevalece en la PGJE, sin embargo se encuentra aislado porque la parte operativa de la dependencia la sigue controlando el subprocurador Víctor Pérez Dorantes que responde más a los intereses de su jefa Alicia Fragoso Sánchez y del ex gobernador Mariano González Zarur.
Difícilmente las denuncias contra ex alcaldes avanzarán, cuando no existe la certeza de que las investigaciones se realicen con sigilo, pues aunque no lo crea los primeros en enterarse de esos procedimientos penales fueron los involucrados que de inmediato recurrieron a sus abogados para iniciar su defensa.
Los ex presidentes municipales que son investigados y que presumen sus buenos contactos son Calpulalpan, Ixtacuixtla, Santa Ana Chiautempan, San Pablo del Monte, Cuaxomulco, Tecopilco, Nopalucan y Zacatelco.
Lo curioso del cambio de autoridades a nivel estatal y municipal, es que sólo se habla de corrupción en los ayuntamientos, pero nadie menciona las anomalías y prácticas ilegales que se presentaron en la pasada administración en dependencias como la Sesa, Secoduvi, Itife, Sepuede y otras.
En el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa los sobreprecios de obras fueron la constante, en Secoduvi fue un secreto a voces que su titular Roberto Romano Montealegre adjudicó obras a la constructora Trejo Mendoza y Asociados, de la que era principal socio su sobrino Miguel Ángel Trejo Mendoza.
Y por si fuera poco, ese ex funcionario se dedicó a crear empresas constructoras con números consecutivos en actas constitutivas donde los socios eran su sobrino, el abuelo y hasta su esposa, mismas que fueron contratadas por la Secoduvi sin que nadie hiciera algo para evitarlo.
En Sesa habría que revisar las compras de equipos y otros gastos que simplemente no cuadran y en el Sepuede alguien debería aclarar a donde fueron a parar varios millones de pesos durante la gestión de Beatriz López Rojas.
En el gobierno de Mariano González siempre prevaleció la corrupción, sin embargo hoy a los involucrados y beneficiarios de esas prácticas nada les preocupa, porque no existe el mínimo interes en investigar a los nuevos ricos de Tlaxcala.
Además, gozan de la protección de la estructura gubernamental que los mantiene informados de todos los movimientos que llevan a cabo las nuevas autoridades que apostó por solapar y dejar en sus cargos a la burocracia marianista.
Aunque no lo crea Ernesto Ordoñez y Hugo René Temotlzin siguen siendo los hombres mejor informados de lo que sucede al interior de la administración del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.