Los resultados que cada año da a conocer la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de los recursos públicos en los estados sólo sirven para comprobar que estamos muy lejos de castigar la corupción, porque ninguna autoridad muestra voluntad para aplicar la ley a los funcionarios que incurrieron en excesos.
Las anomalías financieras detectas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al 2015 que suman más de mil millones quedarán impunes y ningún funcionario de primer nivel del sexenio de Mariano González Zarur será sancionado.
Aunque se haya documentado que hay más de 150 millones de pesos que cuadran en un posible daño patrimonial a las arcas del gobierno de Tlaxcala, difícilmente se iniciará un proceso penal o resarcitorio porque la nueva contralora del Ejecutivo María Maricela Escobar Sánchez está más interesada en subsanar esas observaciones que en indagar en dónde quedaron esos recursos públicos.
La dócil funcionaria declaró que la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez trabaja en la solventación de las observaciones de la ASF, dejando mal parados a algunos miembros del gabinete como al secretario de Educación Manuel Camacho Higareda que infomó que él no había sido notificado sobre los resultados de la revisión correspondiente al 2015.
Si existiera la voluntad de sancionar a algún marianista, en los hechos eso sería una misión imposible porque aunque las dependencias estatales ya tienen nuevos titulares, en ellas se mantienen laborando la mayoría de los funcionarios que tienen alguna responsabilidad en esas observaciones millonarias, por lo que es más fácil pensar en que tratarán de arreglar todo antes de hacerse la maldad a ellos mismos.
El mejor ejemplo para ilustrar lo anterior se puede observar en la Secretaría de Educación Pública, cuya dependencia que estuvo bajo el mando de Tomás Munive Osorno está señalada de haber pagado de manera irregular a comisionados que no sólo recibieron su pago como maestros, sino que también obtuvieron otra remuneración del área donde estaban asignados como fue el caso de Martha Sanchez y José Daniel Morales Serrano.
La primera era la maestra de ceremonias de Mariano González Zarur y está documentado que a parte de recibir su cheque como jefa de departamento de la Coordinacion de Giras del Gobernador, también captaba su salario de docente pues goza de una plaza de maestra de secundaria técnica.
El segundo también percibe un salario como supervisor inscrito a la Dirección de Cultura Recreación y Deporte de la SEP y cobra como coordinador de Giras del Gobernador.
Es obvio que el ex gobernador Mariano González estaba enterado de esa irregularidad junto con el ex contralor Hugo René Temotlzin Carreto, sin embargo ambos la alentaron y solaparon lo que demuestra que eran unos hipócritas porque hay que ver a cuántos orticistas le iniciaron procedimientos administrativos y penales por haber cobrado en dos dependencias durante la administración de Héctor Ortiz.
Pero lo que en verdad da risa, es la ingenuidad que muestra María Maricela Escobar Sánchez, pues tuvieron que pasar más de cuarenta y cinco días para enterarse que Hugo René Temotlzin seguía mandando en esa dependencia donde dejó basificados a piezas claves que manejan la información importante de la Contraloría del Ejecutivo y que él dispone antes de que la nueva titular se entere.
La nueva contralora está lejos de cumplir con las expectativas que se generaron con su designación, pues a casi dos meses de que entraron en funciones los nuevos funcionarios nada se sabe de su trabajo y muchos menos cuando dará a conocer las declaraciones tres de tres que los miembros del gabinete tienen que hacer públicas.
La Contraloría del Ejecutivo dejo de ser una dependencia con dientes y garras, quizá porque ahora no es necesario perseguir ni castigar a nadie. Los marianistas duermen tranquilos bajo una cobija de impunidad que tapa todos sus excesos.