A unos días de que Mariano González Zarur deje el cargo, los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala no pudieron ocultar su marianismo y optaron por exculparlo de cualquier responsabilidad que tuvo al violar la ley electoral en los pasados comicios donde resultó ganador Marco Mena.
El proceso de entrega recepción en algunos ayuntamientos del estado no avanza ni avanzará, debido a que los actuales ediles actuan como viles ladronzuelos que buscan evadir sus compromisos adquiridos con proveedores y tratan de evitar que esa información trascienda.
Un caso emblemático de la transa de los presidentes municipales en funciones es el de Santa Ana Chiautempan, donde el camaleónico petista, perredista y ahora priísta Antonio Mendoza Romero busca superar lo robado, perdón las anomalías financieras que dejara en su momento el ex edil de Huamantla Carlos Ixtlapale Gómez.
Dicen que en el primer año de su gobierno, Mendoza Romero solicitó a las empresas constructoras ejecutar las obras sin que recibieran un adelanto, lo cual implicó un ahorro para las arcas municipales porque los empresarios terminaron financiando los trabajos.
Los constructores empezaron a recibir los pagos de esas obras en el segundo año de la administración y confiados por ese hecho decidieron trabajar de nuevo haciendo nuevas obras que hoy no pueden cobrar.
En esa situación se encuentran por lo menos tres empresas cuyos propietarios reclaman una deuda de más de 8 millones de pesos. Lo peor es que Antonio Mendoza dejó de tomarles las llamadas y en el ayuntamiento siemplemente no les resuelven.
Las cuentas bancarias del ayuntamiento de Chiautempan estan vacías al grado que existe la enorme posibilidad de que los empleados no puedan recibir el pago completo de sus salarios y prestaciones correspondientes al presente mes.
Aunque existe la certeza de que Antonio Mendoza traicionó al PRD para apoyar al PRI que al final ganó la presidencia municipal con Héctor Domínguez, eso no quiere decir que recibirá el manto protector para evitar su responsabilidad en los presuntos malos manejos financieros.
El gobernador electo Marco Antonio Mena Rodríguez está enterado del caso y dicen que su postura sobre el mismo fue simple. El acuerdo con el edil fue político y se cumplió porque la petista Yzmín del Razo obtuvo el triunfo para la diputación local, de ahí que el tema financiero y administrativo tendrá que resolverlo el presidente municipal para evitar responsabilidades.
La cuenta pública del primer año de gobierno de Antonio Mendoza fue aprobada, sin embargo la segunda fue reprobada y se estima un daño patrimonial por más de 60 millones, situación que según la síndica de ese ayuntamiento, Belén vega, se replicará en el 2016.
Sobre el alcalde de Chiautempan ya pesa una investigación que tiene que ver con sus manejos financieros y la compra de bienes muebles que adquirió a través de prestanombres. Los datos pronto se podrían conocer y sin duda generarán todo un escándalo en ese municipio.
Los magistrados de TET blandengues y omisos
La resolución que aprobaron ayer los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala confirma que le temen al gobernador Mariano González Zarur y que su indepenencia en una falacia que sólo ellos la creen.
El Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró que Rosario Robles Berlanga, reponsable de la Sedatu y Mariano González Zarur, mandatario de Tlaxcala, violaron la ley al encabezar un acto oficial durante el desarrollo del pasado proceso electoral que terminó ganando el candidato del PRI Marco Antonio Mena Rodríguez.
Por esa razón, el TEPJF pidió a los magistrados locales que analizaran de nuevo el caso y procedieran a imponer las sanciones legales correspondientes, porque en una primera instancia resolvieron que no había faltas a la norma electoral.
Pero no, resulta que el magistrado perredista Hugo Morales Alanís, el magistrado panista Luis Manuel Muñoz Cuahutle y el magistrado priísta José Lumbreras Gracía optaron por evadir su responsabilidad y lanzar el caso a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que esas intancias impongan las medidas correctivas a Rosario Robles y al delegado de esa dependencia Sergio Pintor Castillo.
Después de un sesudo análisis, esos magistrados marianista llegaron a la brillante conclusión que su jefe el gobernador es inocente como pepe el toro y que la violación a la ley fue únicamente cometida por la titular de la Sedatu y del delegado de la misma dependencia gubernamental en Tlaxcala.
Según esos brillantes abogados se encontró acreditada la difusión de propaganda gubernamental atribuible a ambos funcionarios, “en razón de que realizaron entrega de títulos de propiedad, cancelación de hipotecas, apoyos de vivienda y escrituras, en un evento masivo, durante la campaña electoral en el estado, y no se encontró justificada la necesidad de realizar la aludida entrega en ese periodo”.
En esa difusión se incluyó la figura del hacendado y dicho evento fue programado, coordinado y financiado con personal del gobierno del estado, porque sólo un idiota puede pensar que la Sedatu acarreó a los asistentes, colocó el templete, las pantallas, las sillas y el equipo de audio que se utilizó, de ahí que los manchi magistrados del TET son omisos y buscan limpiar el nombre de su amo.