No vive en Tlaxcala, nunca ha dejado de dar clases en la UDLAP, su nivel de doctorado no lo salva de una pésima calificación, pero ha encontrado en Tlaxcala un botín inacabable
Un maestro del Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), es en sus ratos libres Consejero Jurídico del Gobierno del estado de Tlaxcala, y por compadrazgo del gobernador Mariano González Zarur, con su padre el abogado Héctor Maldonado Villalobos, hoy conforma la terna para convertirse en magistrado y lucha por quedar en el lugar de Ángel Francisco Flores Olayo.
Los alumnos de Derecho del doctor Héctor Maldonado Bonilla, no le dan las mejores calificaciones. El 10 de mayo de 2016 le otorgaron un promedio de siete (tomando en cuenta que el máximo es 10). Los de Procesal Civil lo consideraron el 25 de enero de 2016: “déspota. Cancela la mitad de las clases. No sebe enseñar. Disfruta infundir miedo en los estudiantes”. Los de Derecho Civil. “No lo recomendarían”.
El nueve de febrero de 2015, también sus alumnos de Derecho Civil dijeron de él que es: “Pésimo. Podría mejorar”. El 16 de octubre de 2014, también sus alumnos de Derecho Civil lo reportaron como una persona que humilla a la gente… todo el mundo le tiene miedo.
Ya ven, aprendió bien en Tlaxcala de un padrino dispuesto a arreglarle su situación económica de por vida.
No hay mejor evidencia que estas calificaciones a su comportamiento para darnos cuenta que no tiene cinco años viviendo en Tlaxcala, una de las condiciones de la Constitución para ser magistrado.
O sea, el señor Maldonado ha visto en Tlaxcala las bolsas de dinero para tener una vida cómoda en Puebla. Y espera lo mejor. Ser magistrado y entonces menos hará caso de las malas calificaciones de sus alumnos y hasta los obligará a llamarlo por su título: doctor honorable magistrado.
Atropellos
Como en esta administración todo se puede… todo, ¿qué más da apostarle a la siembra de un tipo como el consejero jurídico, Héctor Maldonado Bonilla, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJET) para que le cuide las espaldas y los negocios al señor manchis… porque de que se tiene que ir, se tiene que ir.
Es un típico compadrazgo a costa del presupuesto.
Maldonado no quiere darse cuenta que nada más pronunciar su nombre ofende a quienes tienen años labrando una carrera en el ámbito judicial.
No conozco un solo caso del que los tlaxcaltecas debamos sentir orgullo del abogado este. Sí en cambio, la admiración que causa en los compañeros suyos, egresados de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) porque el tipo este halló en Tlaxcala una hebra a la que le jalas, ¡y salen millones!
Y en peor de los casos, el necio del sexenio lo hace magistrado –así como ha hecho a otros, también a costa del Pueblo.
La intención del señor manchis es pasar la Ley por su arco del triunfo para poner a un cuate que va a ser parte de la Ley.
Qué bárbaro.
Imagino sus instrucciones: “a ver cómo le hacen para tirar al caño el artículo 83 de la cosa esa… creo que se llama Constitución… para que al hijo de mi compadre le arreglemos su situación económica por el resto de su vida”.
Dicho artículo condiciona a los aspirantes a magistrado del Poder Judicial de Tlaxcala: no haber sido gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, procurador general de justicia, diputado local, senador, diputado federal o presidente municipal, no ser titular de algún organismo público autónomo en el estado ni tener funciones de dirección y atribuciones de mando durante el año previo a su designación.
Maldonado no es el único integrante de la terna enviada por el señor manchis al Congreso como candidato a suceder al magistrado Ángel Francisco Flores Olayo. También ocurre con Esther Teroba, otra servidora pública que sin haber renunciado un año antes pretende quedar como recuerdo de Mariano.
Ubaldo Velasco apesta
Todavía es oficial mayor de gobierno, uno de los que en plena campaña aceptó que ya se los había cargado la chin… con el candidato Marco Antonio Mena.
A lo mejor por eso mandó a sus propios a copar las mesas en uno de los primeros desayunos ofrecidos por los rastreros servidores públicos que quieren conservar la chamba.
Cuál sería su sorpresa al ver que el gobernador electo saludó a todos, menos a él.
Y no es que tenga mala fama en el gobierno. Ni que sus mismas colaboradoras digan que es uno de los que amasaron una fortuna ofensiva, es que la mirada de deshonesto no se la quita nadie, según lo describen sus propios empleados, conscientes que ya se va, “solo, porque nadie lo quiere”.
Y porque no movió un dedo por su partido durante la campaña.
Parcialidad en el TET
Un curioso caso en el PAN tlaxcalteca intenta emular al monstruoso Diego Fernández de Ceballos, haciéndola de juez y parte gracias a sus amistades y al tráfico de influencias con el cual el sistema lo deja operar.
Guardando proporciones aquí, el presunto panista en cuyo despacho se elaborarían proyectos para juzgar diversos casos responde al nombre de Luis Manuel Muñoz Cuahtle, nada fuera de lo común si este abogado no conformara la trilogía de magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), a saber:
Hace unas semanas, él y sus compinches magistrados (ahorita le explico el porqué la agresión) sancionaron dos veces de manera pública actos anticipados de campaña de Adriana Dávila Fernández. En eso quedó todo, un par de amonestaciones públicas, generadas por una conferencia de prensa donde Dávila incurrió en faltas a los criterios de paridad de género, entre otras cosas haciendo una indebida promoción propia para ocupar el puesto de gobernadora de Tlaxcala.
Comentarios y fugas de información en el TET y en el propio PAN señalan al magistrado Luis Manuel (quien fue acomodado por Dávila en ese cargo cuando PRI, PAN y PRD se repartieron el TET) como el responsable de alivianar sanciones, o ensañarse con las mismas, con base en escritos elaborados en su propio despacho.
Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene otra óptica, y consideró una falta grave ordinaria la conducta de Adriana. Así que ordenó a los chambones magistrados locales volver a individualizar los análisis que habían castigado a Dávila con amonestaciones públicas y aplicarle una multa por las faltas cometidas.