Unos te venden protección para no secuestrarte o matarte; los otros te dejan sin casa, sin implementos de trabajo para devolverte tu libertad mediante el pago de fianzas.
Es imposible que en estos tiempos de austeridad los magistrados del Poder Judicial de Tlaxcala sigan adjudicándose salarios de virreyes, disponiendo del fondo que se conforma con las fianzas depositadas en innumerables juicios.
Alguien que ha sido privado de su libertad, justa o injustamente, vende o empeña lo que tenga a su alcance, incluso su casa, para dejar la cárcel. Más que un lugar seguro para su familia, le interesa poder trabajar para recuperarse.
Ignora que el sacrificio suyo y de sus familiares forma parte de una infame forma de saqueo que nos lleva a suponer la existencia de una verdadera red perversa de jueces, cuyas sentencias, entre más afectan a los involucrados en cuestiones legales, más sirven para atesorar un fondo que, con posterioridad será repartido como el botín que es para un puñado de delincuentes con nombramiento.
Inconsistencias en las cuentas públicas del Poder Judicial llevaron al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a reprobar el ejercicio 2007. No es para menos. Entre otras muchas cosas, detectaron que se dispuso de un dinero que teóricamente sería intocable, porque para reunirlo muchos se privaron de lo indispensable y otros, unos cuantos, seguramente hacen esfuerzos para que les baje la tremenda panza, formada por el exceso, por el incansable operar de sus largas y filosas uñas.
Pero eso no es lo único. Ay de la persona que deba acudir a un juzgado. Conocerá la miseria, porque el dinero se ha usado para el capítulo suntuoso de los magistrados, pero es insuficiente para adquirir o arrendar instalaciones dignas.
Qué importa si alguna persona, empleado o usuario, enferma por el exceso de humedad en uno de estos infernales despachos, mientras las oficinas de los señores magistrados lastimen con sus candiles de cristal cortado y sus mullidos sillones sobre onerosos tapetes.
A quién le afecta que una mujer embarazada pase sus peores momentos en algún juzgado, porque cuando quiso utilizar un sanitario, se negaron a facilitarle la llave del único que existe en el maloliente edificio. Y no por miserables, sino porque no funciona, nunca –desde que es ocupado por el Poder Judicial – ha servido.
Entre peores las instalaciones, mejor. Lo importante es aparentar que andan muy mal. Así podrán pedir más dinero y, los usuarios, los desafortunados usuarios, servirán para exigir partidas extra a los malos diputados que autorizan el presupuesto.
Nos podemos pasar todo el espacio enumerando las formas que tienen para saquear a los pobres o ricos, involucrados en algún asunto de carácter judicial.
Y eso, nos acerca como nunca a la inconformidad social. Ya no aguantamos a esos vividores que se pasan por el arco del triunfo la ley de salarios máximos y se procuran despensas llenas de ultramarinos y autos nuevos como si fuesen calzones.
Alguien tiene que frenar a estos si queremos impedir que se siga deteriorando el sentir social, la miseria de muchos mientras unos cuantos viven en opulencia.
En otros estados, situaciones como esta permitieron al crimen organizado usar su perversidad para volverse popular entre la gente.
Si unos me roban con amenazas y otros me dejan sin casa, da igual a cual de los dos se escuche.
¿Qué vale más a los ojos de las clases medias y bajas, cada vez más azotadas por el saqueo institucionalizado, un maleante que le sangra su negocio vendiéndole protección para dejarlo funcionar, o un magistrado presumiendo una tremenda camioneta y la cartera llena de dinero malhabido?
Valen lo mismo…