Tuvieron que pasar casi dos años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional declarara inconstitucional la reforma aprobada por los diputados locales por la cual devolvieron ilegalmente el voto a los actuales presidentes de comunidad, lo que representa un enorme revés a la actual legislatura que no sólo ha sufrido vetos a sus leyes por parte del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, sino que hoy el máximo tribunal del país evidencia que sus decisiones carecen de validez.
A los legisladores de Morena, el PT y el PES se les hizo fácil echar mano de su mayoría y cumplir, por conveniencia, con una promesa que realizaron durante la campaña de los comicios del 2018, en el sentido de llevar a cabo una reforma para que los presidentes de comunidad tuvieran los mismos derechos y obligaciones que venían ejerciendo con anterioridad, es decir, cuando éstas autoridades a parte de tener voz en los cabildos podían votar.
Fue en el gobierno del hacendado Mariano González Zarur cuando el Congreso del Estado avaló un cambio a la ley y decidió quitar a los presidentes de comunidad el voto, pues de esa forma se contribuiría a la gobernabilidad de los ayuntamientos que fueren electos y entrarán en funciones a partir del 2017.
La Legislatura pasada que estaba bajo el control del PRI y sus aliados, la cual por cierto sólo duró un año y medio, evadió revisar el tema y fueron los actuales diputados locales encabezados por el morenista Víctor Manuel Báez López los que sin tener argumentos jurídicos ni un análisis serio del tema decidieron cumplir la única de las múltiples promesas que hicieron durante sus campañas en busca del voto de los tlaxcaltecas.
Los entonces candidatos a legisladores de la Cuarta Transformación dijeron que devolverían el voto a los presidentes de comunidad y lo hicieron a lo burdo y tonto porque su acción representó una clara violación a la ley y a los derechos políticos electorales de los ediles, regidores y síndicos.
El Congreso del Estado reformó el marco legal en agosto del 2018 y determinó devolver el voto a los presidentes de comunidad a partir del 2019, lo que generó una gran molestia entre los alcaldes al grado que tres decidieron promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional que ganaron y que hoy deja sin efectos los cambios avalados por la mayoría conformada por Morena, el PT y el PES.
Los alcaldes artífices de ese triunfo jurídico son el panista Francisco Villarreal Chairez de Yauhquemehcan, la priista Gardenia Hernández Rodríguez del municipio de Tlaxco y el perezoso perredista Miguel Muñoz Reyes de Contla, quienes habrían contratado los servicios de un despacho vinculado al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Fernando Bernal Salazar y de un abogado de apellido Sanabria.
Los actuales presidentes de comunidad perdieron su derecho al voto, pero esa facultad quedará instaurada en las siguientes administraciones municipales que entrarán en funciones en septiembre del 2021, según la resolución que aprobó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este nuevo revés jurídico se suma a otros que a lo largo de los últimos meses han acumulado los actuales diputados que hoy en día cargan una pesada loza de mala imagen y de ignorancia, la cual será determinante para su futuro político. Ninguno tiene posibilidades reales de lograr la reelección y tampoco tienen el respaldo ciudadano que se necesita para intentar convertirse en presidentes municipales.
La Cuarta Transformación en el Congreso del Estado es una total decepción.
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