La política de combate a la corrupción y la medida de evitar intermediarios en el manejo de los recursos públicos impuestas por el gobierno federal ya se está convirtiendo en un severo dolor de cabeza para las autoridades educativas de Tlaxcala, las cuales no saben cómo detener y enfrentar el malestar de los padres de familia por el cobro de cuotas que se realizan en los planteles y cómo impedir que éstos realicen techumbres y otras obras con un costo mucho menor a lo que normalmente se pagan.
En los últimos meses los padres de familia que forman parte del programa “La Escuela es Nuestra” que puso en marcha la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han abierto los ojos y comprobado el enorme negocio que representaba para los directivos y las autoridades encargadas de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) disponer y manejar los fondos públicos que antes ejercían, como aquellos que se destinaban para obras de mantenimiento, construcción o ampliación de las instalaciones de los planteles.
Mientras una techumbre de 500 metros cuadrados tiene hoy en día un costo promedio de 500 mil pesos, obra que se hace bajo la supervisión del Comité Escolar de Administración Participativa, el mismo trabajo pero bajo el control y responsabilidad del presidente municipal o el desprestigiado Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) tendría un valor de un millón 600 mil pesos, situación que ha puesto en evidencia a las autoridades que siempre terminaban lucrando con los recursos públicos.
Lo mismo sucede con la construcción de un salón de clases, pues mientras el Itife cotizaba en 600 mil pesos ese trabajo en obra negra, hoy los tutores de los niños han logrado la misma edificación a un precio de 150 mil pesos y con acabados, de ahí que los padres ya no quieren saber de los directivos de los planteles que ponen obstáculos para la operación del programa “La Escuela es Nuestra”, mismos que son solapados por el gris secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordoñez y el inútil secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro.
En la actualidad se realizan obras en 423 escuelas de nivel básico de Tlaxcala que forman parte del programa “La Escuela es Nuestra”, las cuales recibieron en forma conjunta la cantidad de 96 millones de pesos del gobierno de la República que corresponden al 2019 y al 2020.
Para evitar intermediarios y la injerencia de las autoridades estatales o municipales, la Tesorería de la Federación envía directamente los recursos a los Comités Escolar de Administración Participativa, mismos que deciden los trabajo y se encargan de que la obra se termine, así como de la comprobación de esos recursos.
Las instituciones beneficiadas se ubican en regiones de alta marginación de un número importante de municipios tlaxcaltecas. Son tipo multigrado, es decir, que un maestro atiende a alumnos de diferentes grados escolares y en otros casos también forman parte de la red del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
Dependiendo del número de estudiantes que tenga cada escuela, el gobierno de López Obrador autoriza 150 mil pesos, 250 mil pesos o 500 mil pesos para materiales, equipamiento, remodelaciones y otro tipo de obras que se requieran en los planteles.
Y aunque parezca extraño, hay directivos de escuelas tlaxcaltecas que se oponen al programa y a que los padres de familia se organicen y se hagan responsables de las obras, lo cual ha provocado roces y conflictos que aunque son reportados a las secretarías de Educación y de Gobierno sus titulares no intervienen y dejan que los encargados de las instituciones pongan obstáculos para que esa acción del gobierno federal fracase o no se pueda concretar.
El sector educativo podría entrar en una etapa de conflicto no sólo por el malestar que existe hacia algunos directivos que muestran un marco interés en oponerse al programa “La Escuela es Nuestra”, sino porque las autoridades estatales no han hecho nada para frenar los abusos en el cobro de cuotas de inscripción, mantenimiento o para talleres de computación que se están exigiendo en las instituciones educativas del estado.
Las redes sociales han dado clara muestras de rechazo a esas cuotas y desde hoy le puedo adelantar que el inicio del próximo ciclo escolar no será fácil y menos cuando las clases no serán presenciales.
Las quejas por las cuotas y la mala organización que existe en el sistema educativo tlaxcaltecas se multiplicarán y los problemas serán la constante, de ahí que no le extrañe que los conflictos crezcan.
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