La emergencia sanitaria que vive el país ha dejado entrever que la supuesta coordinación entre el gobierno federal y los gobierno estatales es nula y que cada estado enfrenta de diferente manera la pandemia de Covid-19, lo cual resulta grave porque no hay una estrategia clara y definida para evitar la propagación del virus y porque tampoco existen planes y acciones regionales para frenar la movilidad, salvar el empleo y definir la fecha en que se podrían reanudar las actividades tras un largo confinamiento social.
El gobernador de Puebla, el ex perredista y hoy morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, no pierde oportunidad para quejarse del olvido que vive su entidad por parte de la administración federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a la nula ayuda que ha recibido para enfrentar el coronavirus.
El poblano ha utilizado diferentes foros para criticar los datos que maneja Hugo López-Gatell, subsecretario federal de Salud, respecto al comportamiento de la pandemia de Covid-19, al grado que no sólo ha cuestionado su veracidad, sino que también ha dicho que no resultan útiles para proyectar la fecha en que se podría suspender el aislamiento social en Puebla.
Y mientras Barbosa Huerta ayer descartó que en Puebla se vaya a regresar a la normalidad el 1 de junio, en Tlaxcala donde se vive una etapa de alta incidencia de contagios y muertes provocada por ese virus, la cual es similar a la que se registra en el vecino estado, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez pidió a la administración federal su respaldo para que las empresas del ramo automotriz instaladas en nuestra entidad reanuden labores el primer lunes del próximo mes.
De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, la región de Tlaxcala y Puebla tiene un comportamiento diferente de propagación del coronavirus, tan es así que se estima que los contagios de personas se mantendrán por varias semanas y que será en junio cuando se alcance el pico máximo de infectados, de ahí que las actividades sociales, comerciales, industriales y educativas deberán seguir suspendidas.
Anoche en su conferencia de prensa, el subsecretario López-Gatell explicó que algunas regiones del país, entre las que se encuentra la zona Puebla-Tlaxcala, no han transitado ni la mitad de la fase de contagios, por lo que no es posible levantar el confinamiento domiciliario, información que si el gobernador Marco Mena hubiera tenido seguramente no habría solicitado a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el aval de la federación para que la industria automotriz reanudara labores el 1 de junio.
Ante esa realidad y la lentitud de las autoridades educativas de ambas entidades para tomar decisiones, es inminente que en breve se dará a conocer que los estudiantes tlaxcaltecas y poblanos no retornarán a clases presenciales y que éstos concluirán el actual ciclo escolar en sus casas, tal y como lo han anunciado en otros estados del país como Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
En Tlaxcala el peso para enfrentar la pandemia ha recaído casi en su totalidad en la administración de Marco Mena, porque hasta ahora el gobierno federal ha sido un espectador más y su ausencia ha sido más que evidente, tan es así que los pacientes del ISSSTE que padecen otros males como hipertesión o diabetes son maltratados porque no sólo nadie los atiende correctamente, sino porque en algunos casos tienen más de un mes sin poder recibir sus medicamentos que forman parte de sus tratamientos.
La falta de coordinación entre las autoridades es notoria.
Así no se puede enfrentar una emergencia sanitaria porque los esfuerzos de las autoridades están dispersos.
La confusión domina y la desinformación es la constante.
El gobierno federal se está viendo muy mal en torno a su trabajo en Tlaxcala para ayudar a enfrentar la pandemia.
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