La designación de Leonel Ramírez Zamora como nuevo representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura no fue bien vista por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues muchos conocen los antecedentes de ese desprestigiado abogado y saben que su incorporación a ese organismo va a generar conflictos.
Al final, el bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro logró su objetivo de impedir la ratificación de la ex diputada local Mildred Murbartián Aguilar. De acuerdo con el oficio que ayer hizo llegar el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez al TSJE, el ex representante del PRI ante el ITE fue designado desde el pasado 19 de febrero como miembro del Consejo de la Judicatura, pero por una extraña razón apenas se hizo oficial.
Será este día cuando oficialmente Ramírez Zamora asuma sus funciones y rinda protesta ante el pleno del TSJE. Los primeros en lamentar la designación de ese abogado priista fueron los magistrados que en su momento tuvieron fuertes vínculos con el marianismo, pues conocen los defectos y las malas mañas de ese ex funcionario estatal, a quien se le vincula con el presunto fraude electoral que la ex candidato del PRD a la gubernatura, Lorena Cuéllar Cisneros, denunció en las elecciones del 2016 y que dieron como ganador al actual mandatario Marco Antonio Mena.
Se dice que Mena Rodríguez antes de concluir su periodo de gobierno decidió pagar muy bien por los servicios que en momento recibió de Leonel Ramírez, quien pasará a cobrar por tres años un sueldo de magistrado y recibir todos los privilegios que eso implica, sin realizar una desgastante labor o trabajo. Su beca, por llamarla de alguna manera ya empezó y concluirá hasta febrero del 2023.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial aún no cuenta con todos sus miembros, pues aún falta conocer quién será el afortunado representante del Poder Legislativo.
Como se recordará los diputados locales echaron abajo el procedimiento para elegir al portavoz que los represente en esa instancia debido a que nunca lograron el consenso y los 17 votos que se requería para realizar la designación, por lo que iniciaron esta semana un nuevo proceso que esperan terminar en los siguientes 15 días.
Por lo que se ve, el próximo Consejo de la Judicatura del TSJE no será una instancia que genere absoluta confianza. El presidente del Poder Judicial de Tlaxcala Fernando Bernal Salazar deberá demostrar con hechos que se combatirá la corrupción y que se eliminarán vicios como el nepotismo, el amiguismo y el reparto de cuotas, para lo cual tendrá que alentar la transparencia y la rendición de cuentas y hacer entender al resto de los magistrados que los tiempos han cambiado y es imposible mantener la inercia con que operaba el Tribunal Superior de Justicia.
Protestas con maña
Las protestas que han emprendido el personal sindicalizado de la Secretaría de Salud en Tlaxcala para supuestamente pedir la salida de la directora Administrativa de esa dependencia, Guadalupe Zamora Rodríguez, tiene la intención de ocultar algo y empezar a presionar al gobierno federal para que retrase lo más que pueda la designación de los funcionarios que asumirán el control financiero de esa instancia.
Aunque ahora se pretende culpar a Zamora Rodríguez del desabasto de medicamentos en las clínicas y hospitales de Tlaxcala y de llevar a cabo una política de hostigamiento laboral, en los hechos el gobierno federal interpreta que las muestras de inconformidad de los trabajadores sindicalizados que son manipulados por su dirigente Blanca Águila Lima pretenden generar una cortina de humo para que no trasciendan los malos manejos financieros en la Secretaría de Salud del estado.
Desde que se realizó el relevo de administraciones estatales en el 2017, se sabe que el gobierno de Marco Mena habría encubierto anomalías de la gestión de Mariano González Zarur, las cuales podrían hacerse públicas y demostrar que en los últimos años las autoridades han lucrado con el dinero público destinado para atender y mejorar el sistema de salud.
Los sindicalizados piden la salida de Guadalupe Zamora y según las versiones esa servidora pública presentó su renuncia desde el pasado viernes, pero aun así se decidió alentar y mantener las protestas para lograr que el gobierno federal de López Obrador ceda a la administración de Mena Rodríguez la designación del funcionario o funcionaria encargada de la Dirección Administrativa de la Sesa a fin de seguir ocultando los presuntos malos manejos financieros que se han dado.
Pronto veremos si el gobierno del estado en complicidad con los sindicalizados se sale con la suya.