Algo raro pasa en Tlaxcala donde al parecer la política de austeridad que impulsa el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no ha encontrado eco, pues para el 2020 no sólo el Poder Judicial y el Poder Legislativo demandaron más recursos públicos, sino el Poder Ejecutivo en manos del priista Marco Antonio Mena Rodríguez que está dispuesto a canalizar más fondos a programas que no han dado ningún resultado.
Para el 2020 la administración menista propuso destinar 90 millones de pesos adicionales al capítulo 1000, partida de donde salen los recursos públicos para pagar los salarios de la burocracia estatal.
La justificación de ese incremento no se conoce, pues hasta ahora no se sabe si la intención del joven mandatario es “contratar” a más personal”, basificar a los recomendados durante el año previo antes de dejar el poder o destinar esos fondos para quizás cubrir los apoyos que suelen entregarse a los operadores electorales que seguramente empezarán a trabajar para que al PRI no le vaya tan mal en los comicios del 2021.
Adicional a esos 90 millones de pesos, las autoridades estatales también pretenden apoyar con 100 millones de pesos a Pensiones Civiles.
Y si bien hoy en día el gasto público se autoriza con base a los resultados logrados después de ser medidos y evaluados los programas y acciones gubernamentales, resulta ilógico que el gobierno del estado pretenda invertir 450 millones de pesos para el siguiente año al programa creado para abatir la pobreza extrema conocido como Supérate, cuando es la fecha que la Secretaría de Planeación y Finanzas no ha destinado ni un peso de los 200 millones autorizados para el 2019.
Los 16 mil beneficiarios tlaxcaltecas que forman parte de la primera etapa de ese mencionado programa no han recibido la ayuda económica prometida a 39 días de que finalice el presente año, lo cual es absurdo porque ese plan contra la pobreza fue presentado a casi un año durante el segundo informe de gobierno de Marco Mena.
Si es noviembre y no se han gastado los 200 millones de pesos autorizados para Supérate en este año, quien en su sano juicio puede pedir más dinero cuando ese programa no ha sido evaluado ni tampoco se ha comprobado que realmente ayudará a combatir la pobreza extrema, pues según los indicadores del Coneval ese fenómeno en Tlaxcala viene a la baja sin la ayuda de ese fantasmal plan del gobierno estatal.
La administración menista dará prioridad a las obras que actualmente ejecuta para dejarlas terminadas y presumirlas rumbo al cierre de su gestión. Al equipamiento del nuevo Hospital General de Tlaxcala pretenden destinarle 300 millones de pesos y una cantidad similar a la tercera etapa de la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco.
Para el 2020 el sector salud será uno de los más beneficiados, pues según el presupuesto de egresos que está en proceso de revisión por parte de los diputados locales, para el abasto de medicinas el gobierno del estado busca canalizar 200 millones pesos, mientras que para la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de hospitales y centros de salud destinará 115 millones de pesos y para la salud de la mujer otros 100 millones de pesos.
La partida millonaria que se aprobaba cada año para la rehabilitación de escuelas públicas prácticamente desaparecerá en el 2020, ya que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala a través del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física y Educativa apenas si dispondrá de 5 millones de pesos para tal fin.
El Itife es un organismo que está muy cerca de desaparecer. La sospecha de que venía funcionando en total desorden y entre mucha corrupción se mantiene, por lo que se optó por cerrarle la llave de los recursos públicos, medida que puso muy triste a Carlos Bailón Valencia, encargado de la Secretaría Técnica de la Oficina de Gobernador, ya que se dice que él era el que autorizaba las obras y las empresas que contrataba esa dependencia una vez que los constructores dejaban su mochada.
Para seguridad se tiene previsto un fondo de 100 millones de pesos y otros 53 millones de pesos que se utilizarán para el programa de prevención del delito que manejará la Secretaría de Gobierno en manos del inútil José Aarón Pérez Carro, quien seguramente gastará esos fondos en acciones mediocres e intrascendentes. También se considera una partida de 70 millones de pesos para ofrecer apoyos a las familias de los “oficiales caídos”.
El programa del sistema estatal de becas sigue siendo una prioridad y para el 2020 las autoridades dispondrán de 150 millones de pesos, mientras que para la dotación de útiles escolares se etiquetaron 70 millones de pesos.
El gasto y las partidas que propone el gobernador Marco Antonio Mena están siendo revisadas a detalle, por lo que es muy probable que sufran modificaciones por parte de los diputados locales que no están de acuerdo en la forma en que se pretende distribuir los recursos públicos porque no ven que la administración estatal asuma una política de austeridad.
Los desacuerdos por el presupuesto de egresos del 2020 serán tan grandes como los egos de los políticos que actualmente detentan el poder.