El gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya confirmó que existieron serias anomalías y deficiencias en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al grado que hasta ahora 77 detenidos como probables responsables de la desaparición y asesinato de esos jóvenes han sido liberados, por lo que iniciará un análisis para determinar si los ex funcionarios priistas como Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y el tlaxcalteca José Aarón Pérez Carro tienen alguna responsabilidad penal.
Al menos el ineficaz secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez, no enfrentará sólo la “revisión profunda” del mencionado caso que llevará a cabo la Fiscalía General de la República para garantizar el fin de la impunidad.
Hasta ahora las resoluciones de un juez federal han permitido la evasión de la justicia de los probables culpables, lo que sin duda representa es una afrenta a las víctimas y a los padres de familia.
El bobo y limitado funcionario local contará con el respaldo del gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ayer puso a su servicio la estructura administrativa para que el ex fiscal de la PGR enviara un comunicado oficial y pudiera desligarse de los errores que se cometieron en la primera parte de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos, bajo el pueril argumento de que él fue totalmente ajeno a esa etapa.
Ayer se conoció a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, que un juez ordenó la liberación de 24 policías de Iguala que se encontraban detenidas por el caso Ayotzinapa, lo que a su juicio representa “una burla a la justicia. Es una muestra de la miseria y la podredumbre en que se encuentra la impartición de justicia del país. Tal resolución huele a podrido y es el momento de hacer cambios profundos”, sentenció el funcionario del gobierno de López Obrador.
Y adelantó que se presentarán los recursos legales y diligencias para denunciar a los servidores públicos que no cumplieron con su responsabilidad en el desarrollo de las indagatorias, entre los que se encuentra el recomendado de la ex gobernadora de Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel, el actual secretario de Gobierno del estado, José Aarón Pérez, quien en su momento fue titular de la Unidad Especial para el caso de la mal llamada “verdad histórica”.
La investigación incluirá al ex procurador general de la República, Jesús Murillo, al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón y al tlaxcalteca Pérez Carro, quien si bien hoy busca deslindarse de cualquier responsabilidad de las indagatorias del caso porque según él no hizo nada en la primera etapa, lo cierto es que nunca corrigió las inconsistencias de las que se habla hoy en día y tampoco denunció la tortura que hubo contra algunos detenidos, pues siendo fiscal del caso de la desaparición de los jóvenes normalistas tuvo oportunidad para subsanar los errores de la investigación.
A José Aarón Pérez nadie la puede creer la profunda indignación que dijo sentir por la liberación de los implicados en el caso Ayotzinapa, porque nunca podrá ocultar y borrar que formó parte del andamiaje priista que en la pasada administración del presidente Enrique Peña Nieto se montó para encubrir y entorpecer las indagatorias para llevar ante la ley a los culpables de la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes normalistas.
Hace unos días advertimos que el gris secretario de Gobierno enfrentaría problemas legales y que quizá su salida de la administración estatal era inminente, sin embargo es obvio que Pérez Carro no dejará su cargo y que recibirá todas las facilidades del gobernador Marco Mena para llevar a cabo su defensa.
El funcionario se convertirá en muy poco tiempo en una pieza incómoda para el actual gobierno del estado, no sólo porque será investigado por la Fiscalía General de la República sino porque sobre su persona pesan graves acusaciones como fabricar delitos contra policías municipales y el alcalde de El Carmen Tequexquitla, Óscar Vélez Sánchez, quien enfrenta un proceso penal por el mal desempeño de algunos uniformados que supuestamente fueron detenidos mientras se llevaban mercancía de una camioneta que había sido robada.
Si José Aarón Pérez no podía con el cargo antes de ser investigado, imagínese el desmadre que se hará en la Secretaría de Gobierno ahora que el ex fiscal deberá dedicarle tiempo completo a su defensa, porque sabe muy bien que en cualquier momento podría ser vinculado a proceso si la Fiscalía General de la República se lo propone.