Tómelo con reserva, pero conforme se va cayendo en pedazos el proceso penal que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto armó contra los probables responsables de la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aumenta el rumor que en Tlaxcala pronto se dará un cambio obligado en la Secretaría de Gobierno donde despacha el gris José Aarón Pérez Carro, ya que podría enfrentar la ley al ser uno de los fiscales que integró el mencionado expediente que como se puede ver tiene múltiples inconsistencias y deficiencias.
Desde hace algunas semanas se especuló que el caso Ayotzinapa tarde o temprano alcanzaría al mediocre secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez, quien por lo visto no ha perdido el estilo y sigue haciendo lo mismo que hacía cuando se desempeñaba como un alto funcionario de la Procuraduría General de la República, donde simulaba que trabajaba porque es obvio que su deficiente labor ayudó a que un juez desestimara 44 pruebas en contra de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, a quien se le pretendía hacer responsable del secuestro de los jóvenes y de su desaparición.
Tal resolución, podría convertirse en un precedente para que otros 50 implicados en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa salgan de la cárcel, lo que se traducirá en un duro golpe para las autoridades que en su momento armaron el caso y el expediente, porque seguramente ahora serán investigadas por su omisión y su pésima actuación que facilitó a los presuntos culpables de ese lamentable hecho registrado el 26 de septiembre del 2014 a salir libres sin enfrentar un castigo ejemplar.
Hasta este momento se sabe que “El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada y se desestimó 44 pruebas en contra de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, que buscaban acreditar el delito de secuestro”.
“Se circunscribió a analizar solamente 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y se consideró que se habría aplicado el delito de tortura, a pesar de que la entonces Procuraduría General de la República realizó el examen médico-psicológico, conocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que los probables responsables no habían sido torturados”.
“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además sentará precedentes para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los otros implicados. Se viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa”.
El viernes 21 de junio de este año, se difundió un video en el que oficiales de policía interrogan y torturan a un detenido por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa del estado de Guerrero.
La grabación fue subida en el canal de YouTube llamado Verda Siempre y se titula La Verdad Histórica Ayotzinapa de Carlos Gómez Arrieta.
Se asegura que uno de los policías que aparece en el video es Carlos Gómez Arrieta, que en esa época era jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR, y que hasta el 22 de junio de este año se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
En el video se ve a un hombre sentado en una silla, con los ojos cubiertos con cinta canela y las manos amarradas al frente.
El policía que está detrás del detenido tiene una bolsa de plástico entre las manos y está a punto de ponérsela para comenzar a asfixiarlo, pero le hace unas preguntas al detenido y espera a que le responda.
En la parte final del video se ve el momento en que el policía le coloca la bolsa en la cabeza al detenido, lo jala hacia atrás y comienza a asfixiarlo.
Lo interesante será conocer si el tlaxcalteca José Aarón Pérez como uno de los fiscales que trabajó en armar el expediente que integró la entonces PGR sabía de esas arbitrariedades y el por qué las permitió en caso de estar enterado.
Los nuevos funcionarios de la Fiscalía General de la República bajo el mando de Alejandro Gertz Manero no sólo buscan rearmar el caso Ayotzinapa para castigar a los culpables de la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas, sino que también pretende sancionar a los funcionarios que violaron la ley para crear culpables.
Hasta donde está involucrado Pérez Carro en las anomalías e inconsistencias del expediente Ayotzinapa nadie lo sabe con precisión, pues tras dejar su cargo de fiscal en junio del 2016 en medio de fuertes críticas por fallas cometidas durante el proceso de investigación, fue rescatado por su protectora la ex gobernadora de Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel, quien convenció al joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para convertir al ex funcionario federal en procurador del estado a finales de febrero del 2018.
Al llegar a la PGJE y tener una desastrosa gestión, Mena Rodríguez decide seguir arropando al ex fiscal de la PGR y lo designa como responsable de la Secretaría de Gobierno, donde es obvio que se percibe su presencia porque el funcionario estatal no hace ni resuelve nada, pues está más que comprobado que sólo sirve para acudir a eventos oficiales con la representación de su jefe y tomarse la foto.
Si las investigaciones y responsabilidades alcanzan a Pérez Carro, no descarte que su salida de la Secretaría de Gobierno se concrete, con lo cual la administración de Marco Mena tendrá record en la designación de funcionarios en esa dependencia, pues en dos años y nueve meses Tlaxcala ya ha tenido cuatro secretarios y no se descarta que pronto se conozca el nombre del quinto.
La verdad es que José Aarón Pérez ya acumula mala fama no sólo por su gris y nulo trabajo como secretario de Gobierno, sino que ahora como un ex funcionario de la PGR que al parecer alentó, solapó y permitió la tortura.