Los días del actual procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, podrían estar contados y no crea que por su incapacidad manifiesta para resolver y llevar a la cárcel a los responsables de crímenes violentos registrados en la entidad, sino porque los diputados locales alistan una reforma legal que implicará el relevo de ese funcionario que nunca cumplió con las expectativas.
Entre los diputados locales existe el consenso de que el actual procurador de Justicia está rebasado por el crimen y los hechos violentos reportados en el estado, de ahí que en los próximos días acelerarán el paso para organizar los foros y recibir las propuestas que les permita concretar a la brevedad una reforma para crear la Fiscalía General de Justicia y desaparecer la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Si tal decisión ya se tenía tomada antes del terrible homicidio del director de Seguridad Pública de Tequexquitla, Humberto Arcovendiz Vázquez, registrado el pasado fin de semana, ahora que se conoce que ese funcionario estuvo desparecido por varias horas y que su cuerpo fue localizado con signos de tortura y sin órganos, los legisladores locales le darán prioridad al tema de crear la mencionada fiscalía y de emprender el proceso para buscar al primer responsable de esa instancia que realmente haga su trabajo y deje de contemplar a los criminales como sucede con Aquiahuatl Sánchez.
La lista de hechos violentos sin resolver es larga y la incapacidad del procurador es más que manifiesta. Ese gris funcionario no ha hecho nada para resolver el caso del hombre descuartizado en Contla, tampoco para aclarar la aparición de tres cadáveres calcinados y abandonados en San Pablo del Monte.
En la misma situación se encuentra el caso de los cuatro cuerpos semi enterrados en el bosque de Nanacamilpa, el de los dos policías estatales asesinados en Quilehtla, el del cuerpo de una persona ejecutada y que fue hallado en la carretera de cuota Tlaxcala Puebla cerca de Zacatelco, el robo con armas de fuego en una sucursal bancaria de Apizaco y la balacera ocurrida en Nativitas que sostuvieron policías con una banda dedicada al robo de autos y camiones de carga.
La reforma para crear la Fiscalía General de Justicia del Estado es una prioridad. En ella se considera establecer un nuevo proceso para designar al responsable de esa dependencia a fin de garantizar su autonomía e independencia.
Actualmente, el gobernador envía al Congreso del Estado una terna que es evaluada por un sínodo de especialistas y tras ese proceso los diputados eligen al “más idóneo” para el cargo, que por lo regular termina siendo un procurador carnal que sirve más a los intereses del mandatario que a los de los ciudadanos.
Para el fiscal se pretende que exista una convocatoria abierta para que después el Poder Legislativo integre una lista de ocho posibles candidatos, mismos que ocuparán sus lugares de acuerdo con la evaluación que hayan obtenido. De esas propuestas, el gobernador tendrá que integrar una terna que será turnada al Congreso del Estado donde finalmente los diputados en pleno designarán al nuevo fiscal.
José Antonio Aquiahuatl es el tercer procurador en la actual administración. Ese abogado charlatán fue designado el pasado 8 de agosto por la anterior legislatura. Su pésimo trabajo lo condena y aunque no dude que intentará inscribirse en el proceso para ser designado fiscal, en realidad sus posibilidades de obtener esa apetecible posición son remotas porque ningún diputado local lo respaldará y es muy probable que pronto se cierre su negro ciclo en la PGJE.
La realidad confirma que un punto débil del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez es la avasallante inseguridad. Los funcionarios estatales responsables de esas áreas están lejos de dar resultados, por lo que es urgente pensar en su relevo antes de que las cosas se salgan de control en Tlaxcala.
Es triste observar como el miedo se ha apoderado de los tlaxcaltecas que hoy en día se sienten impotentes ante un crimen que ha tenido todas las facilidades para ganar terreno en un estado que era considerado como de los más seguros del país.
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