Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) optaron por una salida fácil y ayer negaron a los alcaldes de algunos municipios del estado su solicitud de suspender la ley por la cual se regresó el voto a los presidentes de comunidad, situación que ha tensado la relación entre los integrantes de algunos cabildos que pronto podrían enfrentar serios conflictos por los desacuerdos que sostienen.
Aunque los alcaldes inconformes con la reforma avalada por el Congreso del Estado por la cual se devolvió el voto a los presidentes de comunidad a partir de este año mantendrán su litis en la SCJN por considerar que dicha norma viola a la ley y los derechos políticos electorales de los ediles, regidores y síndicos, la realidad es que el malestar en los cabildos va en aumento y no tarda en registrarse conflictos que ser convertirán en un dolor de cabeza para los diputados locales.
Se espera que la resolución de la SCJN de negar la suspensión de dicha reforma sea notificada esta semana, para que el lunes o martes de la siguiente semana los ediles involucrados en ese asunto presenten su inconformidad y de esa forma obliguen a los ministros a analizar nuevamente el caso y determinen que los presidentes de comunidad no podrán votar en la sesiones de cabildos hasta que el tema sea resuelto de manera definitiva.
Como se sabe, los alcaldes que encabezan esa litis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son el panista Francisco Villareal Chairez de Yauhquemehcan y la priista Gardenia Hernández Rodríguez de Tlaxco.
Y aunque no lo crea, en más de una veintena de ayuntamientos del estado la relación entre los alcaldes con los presidentes de comunidad que votan en sus cabildos es más que tensa, lo cual se pude comprobar porque en algunos municipios se encuentran suspendidas la sesiones de esos cuerpos colegiados o porque éstas se han llevado a cabo pero de manera ilegal porque no se permitió sufragar a esas autoridades.
Los ediles llegan a la mitad de sus periodos de gobierno desgastados y con bajos niveles de aprobación por parte de sus gobernados, de ahí que no descarte que en las próximas semanas aumenten las solicitudes para remover a los alcaldes, especialmente aquellos que sostienen un pleito casado con los presidentes de comunidad.
A la revisión las cuentas públicas del 2018
No lo cuente en voz alta pero el proceso de la última revisión de las cuentas públicas del 2018 de todos los entes fiscalizables del estado ya inició y será en las próximas semanas cuando se empiece a conocer si algunas serán reprobadas tal y como paso con algunas del 2017, lo que sin duda pondrá en serios predicamentos a uno que otro presidente municipal que no entendió que los tiempos han cambiado.
Hoy no sólo hay alcaldes en funciones que están enfrentando procesos penales por presuntos desvíos, sino que también han varios expresidentes municipales que están siendo requeridos para reintegrar recursos millonarios a sus ayuntamientos luego de que no pudieron justificar la aplicación de los mismos.
La política de borrón y cuenta nueva ya no existe.
El Órgano de Fiscalización Superior está empeñado en cumplir con su trabajo y no se convertirá en la tapadera de nadie.
Desde ahora la atención se centrará en los actuales diputados locales que en unos meses más deberán revisar y fiscalizar las cuentas públicas del 2018, debido a que se espera un comportamiento diferente a la de otras legislaturas donde era común enterarse que cambian el sentido de los dictámenes del OFS o que se dedicaban a limpiar el cochinero que se encontraban si es que obtenían algún abultado estímulo.
Veremos si los diputados de la cuarta transformación están en sintonía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de combatir y castigar la corrupción o si sólo simularán en ese proceso tal y como lo hicieron en el asunto de aplicar la austeridad republicana.
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