En Tlaxcala no se percibe ninguna señal de cambio. El gobierno del estado ejerce un control absoluto sobre sus acciones y se limita a informar lo que quiere y le conviene, mientras que los diputados locales renunciaron a su derecho de exigir cuentas y explicaciones a los funcionarios estatales, de ahí que todos son responsables del desorden y del limitado avance que registra la entidad.

Una de las características que tiene el actual gobierno estatal es la prolongada toma de decisiones, situación que ha retrasado la ejecución de los proyectos emblemáticos de la actual administración que al parecer opera con funcionarios que nunca superaron su proceso de aprendizaje.

Obras como la edificación del nuevo Estadio Tlahuicole, la modernización y ampliación de la carretera Tlaxcala Apizaco y la construcción del Hospital General de Tlaxcala tardaron largas semanas en concretarse y aunque la primera es la que registra un cierto avance, las otras dos tiene un pobre progreso que demuestra que las empresas encargadas no tienen prisa por concluir los trabajos.

Lo lógico sería ver que la empresa responsable de la ampliación de la carretera trabajara los siete días de la semana y por las noches, como sucede en otras entidades donde las autoridades piden que ciertas obras se ejecuten en el menor tiempo posible por las molestias y complicaciones que generan durante su desarrollo.

Valdría la pena que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda revelara los nombres de las empresas responsables de los trabajos porque nadie sabe cuál es la compañía beneficiada y si en realidad el gobierno del estado contrató a la que ofreció el mejor precio.

Otro ejemplo de la tardanza gubernamental tiene que ver con la designación del próximo director del CECyTE, pues desde que Luis Vargas González renunció a principios de diciembre del año pasado no se ha podido conocer quién será el funcionario o funcionara que asumirá el control de ese subsistema educativo.

Un proyecto que también se ha prolongado un exagerado tiempo es la reapertura del hotel ubicado en Atlihuetzia que es propiedad del gobierno del estado y que durante la administración de Mariano González Zarur fue rescatado y cerrado a finales de septiembre del 2016.

Al inicio de la gestión de Marco Antonio Mena Rodríguez el titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala (SECTURE), Roberto Núñez Baleón, reveló que se buscaría una nueva cadena hotelera para que se hiciera cargo del inmueble y éste pudiera reabrir sus puertas en el menor tiempo posible.

Tras varios meses, se conoció que la cadena Holiday Inn se haría cargo del hotel donde operó por muchos años el consorcio de los Hoteles Misión.

En teoría se han invertido 120 millones de pesos en su remodelación, pero es la fecha que nadie sabe cuándo volverá a funcionar tras permanecer cerrado por 28 meses, debido a que su reinauguración se había anunciado para agosto y luego para noviembre del año pasado, sin embargo no se ha concretado esa acción porque pareciera que nadie tiene interés en aprovechar la infraestructura que se tiene en Tlaxcala para apuntalar la llegada de visitantes.

En materia de seguridad existen muchas dudas e interrogantes, cómo conocer si algún día se concretará la inversión histórica que se anunció en esa materia y que implicaría la compra de nuevas patrullas y tecnología.

Podríamos seguir enumerando pendientes y promesas incumplidas, pero de nada servirá porque sencillamente a nadie le interesan esos temas.

Los diputados locales de la cuarta transformación que llegaron gracias al impulso del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, están más ocupados en conservar y ampliar sus privilegios que en pedir cuentas y explicaciones a los funcionarios estatales.

Dejaron pasar la facultad legal para llevar a cabo la glosa del segundo informe de gobierno de Mena Rodríguez y hasta ahora ningún legislador ha mostrado interés para lograr la comparecencia del algún miembro del gabinete estatal.

El hacendado gobernador Mariano González nunca permitió ni autorizó ninguna comparecencia de algún funcionario ante el Poder Legislativo, consigna que mantendrá el actual mandatario que sabe que sus colaboradores no saldrían bien librados en un probable encuentro con los diputados locales.

El desorden es evidente y la complicidad para no verlo también.