En unos días más comprobaremos si el ofrecimiento de la austeridad se hará realidad o si también es una promesa que sólo se quedará en el discurso de las campañas como sucedió con el tema del combate a la corrupción que juraron llevar a cabo los legisladores locales y federales de la coalición electoral conformada por los partidos políticos de Morena, el PT y el PES.
Han pasado dos meses desde que asumieron su responsabilidad los nuevos diputados locales y no se percibe ningún indicio de que pretendan indagar y castigar la corrupción en Tlaxcala, no sólo de los anteriores legisladores que dejaron quebradas las finanzas del Congreso del Estado, sino de los actuales presidentes municipales y encargados de universidades y una que otra dependencia estatal, cuyas cuentas públicas fueron reprobadas y observadas por presuntos malos manejos financieros.
Por parte de los legisladores de todos los partidos hubo muchos discursos para satanizar la corrupción, pero hasta ahora no hay ningún hecho concreto para sancionar esas conductas que pululan en un estado como Tlaxcala.
Con ese pésimo antecedente, los diputados locales tendrán que decidir si en los próximos días hacen realidad la austeridad republicana que a nivel federal pretende establecer el futuro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, o si dejan las cosas como están para que la burocracia dorada del estado mantenga sus abultados ingresos y privilegios que salen de los presupuestos.
La semana pasada la Mesa Directiva del Senado promulgó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su inmediata entrada en vigor, con el propósito de que comience a bajar el salario de ministros de la Corte, consejeros electorales y todos los que ganen más que el Presidente de la República.
Esa ley crea el delito de “remuneración ilícita”, que se castiga con cárcel de hasta de 14 años a los servidores públicos que ganen más que el Ejecutivo federal.
También, establece la desaparición de las pensiones de los ex presidentes de la República, pues prohíbe la entrega de jubilaciones que estén fuera de la ley. De igual forma, pone límites a las compensaciones y premios económicos que se reciban de la administración pública, así como de gratificaciones por final de sexenios o de periodos de gobierno o administraciones.
Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo, y no podrán concederse por un solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno.
En Tlaxcala sería bueno conocer si los diputados locales que en teoría están del lado del pueblo revisarán ciertos casos, como la asignación de camionetas del gobierno del estado a los ciertos ex gobernadores y el pago de algunos agentes para su seguridad.
O si los ex procuradores de Justicia seguirán contando con la seguridad que gozan por parte de agentes de la PGJE que fueron asignados para esa tarea.
Serán capaces los diputados locales de solicitar a Luis Miguel Álvarez Landa responsable de la Oficialía Mayor de Gobierno, que ordene el regreso del personal de seguridad y los automóviles oficiales que la ex secretaria de Gobierno y ex candidata del PRI al Senado, Anabel Alvarado Varela, se presume se llevó y disfruta sin ser funcionaria estatal.
Ojalá los legisladores locales revisen sus ingresos y los ajusten, porque si sumamos todo lo que cobran quedará comprobado que ganan más de lo que pretende recibir cada mes el futuro presidente de México.
Y esa revisión también la podrían hacer extensiva hacia el Poder Judicial de Tlaxcala donde los magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura se despachan con la cuchara grande no sólo con ciertos privilegios y lujos, sino con bonos o compensaciones que si se acumulan a sus salarios podrían ubicarse por arriba de los ingresos que tendrá López Obrador.
Será interesante ver si los diputados de Morena y sus aliados del PT y el PES tiene la intención de meterle la mano al presupuesto que en breve enviará el Poder Ejecutivo para reorientar partidas, obtener ahorros y destinar más recursos para obras públicas, o simplemente se limitarán a aprobar esa propuesta sin ningún cambio y demostrar una vez más que están sometidos a las órdenes del gobernador Mena.
La actual legislatura tiene dos meses en funciones y nadie sabe cómo ha gastado el recurso del Congreso. Dicen que en septiembre los gastos se dispararon en comparación con agosto y julio, al grado que las galletas salieron más caras de las que se compraban meses atrás.
Veremos si la transparencia y la rendición de cuentas es una realidad en el Poder Legislativo, porque hasta ahora mantienen el mismo comportamiento que los ex diputados, quizá porque los actuales se han dejado seducir por la empleada priista y marianista Cynthia Fernández Bautista que tiene bajo su poder las chequeras.
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