Será en los próximos días cuando el Congreso del Estado despeje la duda sobre el trabajo que pretende realizar en las últimas seis semanas que le queda a la actual legislatura, pues se dice que el PRI aprovechará el control que tiene para designar a su conveniencia al procurador, al fiscal anticorrupción y a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala.
Trascendió que el proceso de fiscalización de las 105 cuentas públicas está incierto, porque si bien un grupo de diputados encabezados por el perredista Alberto Amaro Corona y el priista Mariano González Aguirre pretende llevarlo a cabo antes de que finalice el periodo de la actual legislatura, la realidad es que hasta ahora el nuevo líder de los diputados del partidazo, Arnulfo Arévalo Lara, no ha mostrado mucho interés sobre el tema, como si la instrucción fuera dejar ese trabajo a los próximo legisladores que asumirán sus cargos en septiembre.
Sin embargo, esa incertidumbre ha sido aprovechada por algunos diputados como el camaleónico José Martín Rivera Barrios, quien se dice anda muy activo visitando a los presidentes municipales para ofrecer su ayuda y lograr que sus cuentas públicas sean avaladas sin ningún problema, para lo cual se tienen que mochar.
El ex alcalde de Terrenate y constructor presume ir con el aval del diputado local Mariano González Aguirre, quien estaría enterado de todos los movimientos de su nuevo lacayo que por cierto ya ha sido grabado en sus sucias maniobras.
Trascendió que las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la estafa maestra que involucra a dependencias federales del gobierno de Enrique Peña Nieto y a universidades públicas encontró un rastro que llevó a los sabuesos hasta Tlaxcala, donde al parecer detectaron anomalías en un contrato que estaría comprometiendo a la UAT y a un miembro de la familia Ortiz.
Los detalles de esa investigación están muy bien guardados, pero se especula que en unos días más se conocerán.
Trascendió que el galán Demetrio Rivas Corona líder de la Sección 31 del SNTE no sólo es el impulsor y protector de la próxima diputada local del Panal en el Congreso del Estado, Luz Guadalupe Mata Lara, sino su coach en su reciente carrera como legisladora.
Ambos personajes estarían buscando por todos los medios tener un acercamiento con los diputados de Morena y sus dirigentes, con la intención de ofrecer sus servicios y su voto a cambio de que al Panal le dejen controlar y designar al próximo Director de Comunicación Social del Poder Legislativo.
Aseguran que el rompimiento con el PRI y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez es inminente y que por esa razón pretenden llevar su “fuerza política” hacia nuevos rumbos.
Trascendió que el regreso de Luis Miguel Álvarez Landa a la Oficialía Mayor de Gobierno no cayó nada bien entre los trabajadores, no sólo porque ya fueron amenazados por el priista de que llegaría a correr a los traidores que no votaron por el PRI en los pasado comicios del 1 de julio, sino porque el personal que lo acompañó en su labor proselitista nunca dejó de cobrar en la administración estatal.
El personal que estuvo comisionado con Álvarez Landa está lejos de mostrar tristeza por los resultados electorales que obtuvieron como operadores priistas, pues aunque no lograron la votación esperada éstos recibieron un jugoso bono que en algunos casos les alcanzará para estrenar automóviles 2019.
Así hasta da gusto recibir una paliza en las urnas. O no.