El protagonismo combinado con la voracidad suele tener un mal final para quien usa esos dos elementos para mostrarse como un político moderno cuando es realidad es de muy limitado nivel. Todos saben que a cierto diputado panista le encanta ser una marioneta que se limita a cumplir las instrucciones que recibe sin reparar que sus declaraciones sobre las cuentas públicas son ridículas al igual que su fugaz paso por la legislatura local.
Los actuales diputados locales y en especial el panista Juan Carlos Sánchez García deberían bajarle dos rayitas a su ambición y entender que los procesos de fiscalización y aprobación de las cuentas públicas es algo serio que desde el año pasado alcanzó una relevancia, pues esos ejercicios han permitido hasta ahora llevar a la justicia a cuatro ex presidentes municipales que podrían terminar en la cárcel si un juez los encuentra culpables de malversar recursos públicos.
Antonio N., Vicente N. y Filemón N., ex alcaldes de Chiautempan, Calpulalpan y Contla, respectivamente, ya fueron ratificados a proceso por los magistrados que resolvieron su inconformidad legal, pues quedó claro que los juzgadores encontraron elementos necesarios para someter a juicio a esos servidores públicos que al parecer abusaron de sus cargos y responsabilidades.
El único ex edil que por alguna extraña razón no ha sido ratificado a proceso, es el panista Adolfo N., quien gobernó la capital del estado en la administración pasada. Su caso para su fortuna está en manos de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Elsa Cordero Martínez, la misma que fue señalada por el diputado perredista, Alberto Amaro Corona, de haber avisado a los ex alcaldes la existencia de órdenes de aprehensión, con lo cual evitaron su detención por parte de los agentes de la PGJE.
Tarde o temprano la magistrada Cordero Martínez tendrá que emitir un fallo sobre el caso de Adolfo N., de ahí que su labor está siendo sometida a un amplio escrutinio tanto al interior del TSJE como al exterior, pues es una abogada que dejó de tener credibilidad por sus oscuros antecedentes.
Pero volviendo al tema de la fiscalización y la aprobación de las cuentas públicas, valdría la pena que el diputado panista con corazón perredista y algunas neuronas orticistas, fuera más prudente al hablar sobre este tema y disimulara su ambición por llevar a cabo ese proceso en agosto, cuando los legisladores tendrán menos de 30 días para revisar y avalar más de 100 dictámenes.
Es obvio que a Juan Carlos Sánchez alguien lo mandó a decir que las cuentas públicas de los actuales ayuntamientos y correspondientes al año pasado serán aprobadas en un par de meses, como si la intención fuera vender protección u obtener favores políticos durante las elecciones federales y locales previstas para el 1 de julio.
Fijar una postura sobre la fiscalización durante el desarrollo de los actuales comicios resulta extraño y raro, pues quien en su sano juicio puede creer al diputado panista que en dos meses se elaboraran más de 100 dictámenes y que en menos de 30 días los diputados estarán en condiciones de revisar, analizar, estudiar y aprobar tal cantidad de documentos.
La revisión contable es un proceso técnico jurídico que no se puede llevar a cabo con ligereza, pues eso daría pauta para que las anomalías detectadas en algunas administraciones municipales queden impunes y se fomente el desorden y el desvío de recursos públicos.
Los actuales diputados nunca mostraron interés por su trabajo en el Congreso del Estado, ya que siempre le dieron prioridad a sus ambiciones personales para buscar otro cargo de elección popular o lograr su reelección.
Si Juan Carlos Sánchez hubiera conservado la candidatura a la diputación federal por el tercer distrito que obtuvo por un tiempo por la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no estaría hablando de las cuentas públicas y mucho menos estaría dando plazos fatales.
El Saga debe entender que la fiscalización no es lo mismo que pegar azulejos.