Los excesos de elogios a Luis Miguel Álvarez Landa era de esperarse. Los expertos en la lambisconería destacaron su supuesta capacidad y experiencia en la operación política electoral. Obvio omitieron su pasado de eterno chalán de políticos de mayor categoría o rango como Mariano González Zarur y los michoacanos José Ascensión Orihuela Bárcenas y el soberbio Mario Armando Mendoza Guzmán.

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Tuvieron que pasar varias semanas para que el candidato ciudadano del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, designara a su coordinador estatal de campaña, nombramiento que recayó en Luis Miguel Álvarez Landa, quien hasta ayer se desempeñó como Oficial Mayor de Gobierno en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Alguna cualidad le habrá visto Meade para encargarle esa importante labor al ex chalán marianista que hoy se asume como el jefe de los menistas, porque si bien ha participado en la operación de algunas elecciones en Tlaxcala, lo cierto es que lo hizo bajo las órdenes del ex mandatario Mariano González Zarur que usaba eficientemente la estructura del gobierno para lograr buenos resultados.

El nombramiento de Álvarez Landa por parte de José Antonio Meade es legítimo, pero no la licencia que obtuvo para dejar la Oficial Mayor de Gobierno y aval que recibió de su actual jefe Marco Mena, porque es ilegal y trasgrede la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

A ese portento de la operación política y en su momento encargado de autorizar licencias a funcionarios estatales no respetó la ley que en teoría estaba obligado a acatar y hacer valer.

El artículo 36 de la mencionada ley establece claramente cómo opera las licencias que se otorgan sin goce de sueldo y bajo las condiciones siguientes:

I. Que el servidor público justifique plenamente las razones por las cuales la solicita y con una anticipación no menor de quince días naturales;

II. Que sean autorizadas por el titular del poder público, municipio o ayuntamiento y por el responsable de la administración del personal de la misma;

III. Que no se cause daño al servicio y no exceda de 90 días naturales, y

IV. Cuando se participe en procesos para ocupar cargos de elección popular, podrá otorgarse hasta siete meses de licencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, Álvarez Landa solicitó licencia para realizar actividades de índole personal, es decir, coordinar la campaña del PRI del candidato a la presidencia de México, situación que no justifica plenamente las razones para autorizar ese movimiento administrativo.

Según la información difundida por el gobierno del estado, el funcionario gozará de una licencia efectiva del 28 de febrero hasta el 15 de julio de 2018, lo que viola la fracción tercera del mencionado artículo que establece un plazo no mayor de 90 días naturales, así como la fracción primera que dice que la solicitud debe presentarse con una anticipación no menor de 15 días naturales.

Nuestro operador de lujo en materia electoral logró una licencia de 137 días, 47 días más de lo que marca la ley, lo cual viola claramente la norma porque en su solicitud no estableció que dejaba temporalmente el cargo para participar como candidato a un cargo de elección popular, pues sólo en ese supuesto se autoriza una licencia de siete meses.

Es obvio que la licencia autorizada por el gobernador Marco Mena a Luis Miguel Álvarez es ilegal, por lo que deberá corregir ese error para evitar un golpeteo de la oposición que aprovechará todo lo que sea posible para demostrar la intervención de la administración estatal en los comicios federales y estatales.

Es probable que Fernando Montiel Andrade se mantenga por muy poco tiempo como encargado de despacho de la Oficialía Mayor de Gobierno, pues el gobernador tendrá que designar en los próximos días a un nuevo funcionario para evitar cuestionamientos, sobre todo cuando esa dependencia tiene una relación directa con todos los trabajadores del gobierno del estado.

Con esos operadores en Tlaxcala para que quiere Meade enemigos.

Alcalde cotizado

No lo cuente en voz alta pero el alcalde de Apizaco, Julio Cesar Hernández Mejía está muy cotizado en estos tiempos electorales, pues diferentes partidos políticos tratan de convencerlo para que los apoye rumbo a los próximo comicios.

Para nadie es un secreto que el panista se mantiene leal a su partido, pese a que le jugaron chueco en la designación del candidato a diputado local por el distrito con cabecera en Apizaco.

El PAN si quiere ganar esa posición tendrá que recomponer la relación con ese edil, porque en una de esas un partido lo convence y termina poniendo diputado en otra fuerza política.

El compadre de manchis

Si los diputados pudieron llevar a cabo un proceso transparente y legal en la designación del procurador de Justicia, porque no podrán replicar lo mismo con el nombramiento del contralor del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Si los diputados llevaron a cabo una evaluación pública y optaron por la mejor opción, porque no hacer lo mismo en el caso del contralor. Seguramente porque si eso fuera quedaría un participante que ha mostrado mayor capacidad y conocimientos y dejaría en la banca al compadre del ex gobernador Mariano González Zarur el ex director Administrativo de Cobat, Mario Sánchez Domínguez.

El segundo procedimiento para nombrar al contralor del ITE ya tiene algunas inconsistencias que podrían provocar su anulación. De entrada porque de los cuatro diputados que forman parte de la comisión y que debieron participa en la evaluación de los aspirantes sólo se presentaron dos, el pegaazulejos panista Juan Carlos Sánchez García El Saga y el perredista Adrián Xochitemo Pedraza.

Los dos ausentes fueron los priistas Mariano González Aguirre y su chalán Martín Rivera Barrios.

De no existir cambios Mario Sánchez Domínguez asumirá el control de la contraloría del ITE.