Mariano González Aguirre ya entendió que no es lo mismo ejercer el poder siendo hijo de un gobernador que ser un diputado más en el Congreso del estado, pues sus dotes de operador político que presume tener simplemente no le alcanzaron para evitar que diputados de oposición apoyados por algunos aliados del PRI hagan travesuras.

señorio

Algo tendrá que realizar el jefe político en el estado para evitar que cosas se descompongan más al interior del Congreso local, porque el responsable de tener el control en el Poder Legislativo ha fallado repetidamente al permitir que la oposición apruebe reformas que afectarán al gobierno.

De Mariano González Aguirre, hijo del ex gobernador Mariano González Zarur, se esperaba más como diputado local y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, pues a lo largo del sexenio de su papá disfrutó ejercer el poder, sin embargo es obvio que aprendió muy poco de ese talento que sólo unos cuantos políticos logran asimilar y desarrollar con éxito.

El primer fracaso del bisoño político fue cuando la oposición encabezada por el diputado perredista Alberto Amaro Corona logró hace unos meses reformar el Artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios para quitarle al Poder Ejecutivo el control sobre el destino de los recursos excedentes y regresar al anterior esquema que permitía al Poder Legislativo y Judicial tener participación de esos fondos.

A finales del sexenio de Mariano González Zarur la anterior legislatura aprobó una reforma al mencionado código para otorgar al gobernador en turno la potestad de decidir en dónde y en qué se gastarían los recursos excedentes que tuviera el estado de Tlaxcala, cambio legal que Mariano González no pudo mantener porque su soberbia no le permitió ver que su liderazgo es endeble.

El más reciente descalabro de Mariano González se registró ayer en la sesión ordinaria del Congreso del estado, donde los diputados de oposición junto con los legisladores aliados del PRI –J Carmen Corona y Sandra Corona (Panal), Agustín Nava (PS) y Yazmín del Razo (Independiente)- se juntaron con los del PAN, PRD, PAC, Morena y PT para aprobar una ley que obligará al gobierno estatal entregar uniformes escolares gratuitos a los estudiantes del nivel básico a partir del ciclo escolar 2018-2019.

González Aguirre no pudo o no quiso frenar dicha iniciativa que afectará las finanzas de la actual administración estatal, ya que para poder cumplir con esa obligación las autoridades tendrán que disponer de por lo menos 200 millones de pesos que implicará la compra de falda o pantalón, blusa o camisa, suéter y calcetas o en su caso ropa deportiva.

La propuesta realizada por los diputados de Nueva Alianza que hoy se encuentran distanciados del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez nunca explica de dónde saldrán esos recursos, por lo que la oposición en el Congreso local aprovechó la falta de operación política del PRI para avalar dicha ley que sin duda repercutirá en las finanzas públicas.

Al gobierno de Mena Rodríguez le está saliendo muy cara su postura de no entregar los 25 millones de pesos que su administración debió depositar al Congreso local para llevar diferentes obras de mantenimiento al inmueble, pues los diputados saben que parte de esos recursos serían destinados para ellos y por eso no han tenido empacho en demostrar que están molestos con el Ejecutivo.

Lo de ayer es un mal antecedente que sin duda debe preocupar, ya que la designación del fiscal anticorrupción se puede entrampar, así como el nombramiento de los dos magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y la aprobación de las leyes secundarias del Sistema estatal Anticorrupción.

El PRI requiere con urgencia de un operador en el Congreso del estado que garantice el control de ese poder, porque está comprobado que Mariano González Aguirre reprobó en esa encomienda que le entregó su amigo el gobernador Marco Mena.