Difícil de creer, pero el Órgano de Fiscalización Superior y los diputados no encontraron ni una sola anomalía en las cuentas de los poderes Judicial, Ejecutivo, ni en las dependencias estatales ni en las instituciones de educativas, por lo que ahora resulta que los únicos que incurrieron en malas prácticas administrativas fueron los ex alcaldes.
Al concluir el proceso de fiscalización, los diputados realizaron un trabajo claroscuro que será más cuestionado que aplaudido, porque nadie en su sano juicio les va a creer que casi el 50 por ciento de las cuentas públicas de los 60 ex alcaldes fueran reprobadas y que en las revisiones efectuadas al poder Judicial y Ejecutivo, junto con sus dependencias, no hayan encontrado ni el faltante de un clip que motivara una mínima observación o reserva.
La fiscalización que emprendió la actual legislatura local y que terminó con la reprobación de las cuentas de ex alcaldes panistas como Tlaxcala, Tlaxco, Huamantla, Zacatelco, Calpulalpan Apetatitlán y Contla puede complicar la alianza del PAN con el PRD rumbo a las elecciones del 2018, pues los miembros del sol azteca en el Congreso local comandados por Alberto Amaro Corona no se prestaron a la negociación para perdonar las anomalías millonarias que cometieron las ex autoridades emanadas del blanquiazul.
Ese proceso también dejó claro que Mariano González Zarur no se equivocó en la designación de María Isabel Delfina Maldonado Textle como auditora general del Órgano de Fiscalización Superior. Amor con amor se paga y la responsable de revisar las cuentas de todos los entes fiscalizables no vio ni encontró la mínima falla en las dependencias estatales ni en las instituciones educativas dependientes del gobierno del estado.
Resulta que la falta de pagos a proveedores como los constructores que edificaron la Ciudad Judicial no merecía una observación, tampoco que Mariano González haya autorizado una inversión millonaria en el Centro de las Artes cuando ese predio está en litigio, ni que un empresario haya denunciado la red de tráfico de influencias que existía en la Secretaría de Salud y que estaba ligada a ex funcionarios estatales como el ex contralor Hugo René Temoltzin Carreto.
Resulta un insulto que la cuenta pública de Colegio de Bachilleres de Tlaxcala haya sido avalada, cuando el ex director David Flores Leal incurrió en varias anomalías, como el pago de bonos que hizo en diciembre pasado a sus allegados y al personal femenino consentido, además de otras irregularidades que cualquier auditor principiante hubiera detectado.
Un punto positivo es que la negociación para perdonar y solapar la corrupción no prosperó, al menos en el ámbito municipal, porque no tuvo efectos la influencia de la senadora panista Adriana Dávila Fernández para salvar a los ex alcaldes Valentín Gutiérrez Hernández y el belicoso Francisco Román Sánchez que gobernaron Apetatitlán y Zacatelco, respectivamente.
A la Senadora no le fue nada bien el día de ayer, pues aparte de quedarse con las ganas de presidir la mesa directiva de la Cámara Alta, comprobó que sus principales operadores Carlos Carreón Mejía y Carlos Morales Badillo, dirigente estatal del PAN y líder de los diputados del blanquiazul, respectivamente, fracasaron brutalmente en su intento para proteger a dos piezas del adrianismo.
Ahora, habrá que esperar que siga el proceso para que el Órgano de Fiscalización Superior intente recuperar los recursos millonarios observados a los ex presidentes municipales, quienes de seguro se negarán y terminarán enfrentado una acusación penal.
En lo personal tengo dudas que algún ex presidente municipal termine en la cárcel por los supuestos malos manejos financieros que cometió, porque no veo voluntad ni ganas de combatir en serio la corrupción en Tlaxcala.
O usted cree que van a meter a la cárcel a 28 ex alcaldes. No verdad.
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