Las leyes son necesarias, pero lo que en verdad se requiere para combatir la corrupción es voluntad, porque los expedientes que acreditan los excesos de las autoridades se acumulan y no pasa nada. Los ex gobernadores y ex alcaldes señalados de corruptos se pasean como si no hubieran cometido ningún delito.
Para no ir en contra de la tendencia nacional que han marcados los legisladores del PRI, en Tlaxcala los diputados cumplieron parcialmente con el ordenamiento legal que establecía que a más tardar este día debería estar legislado el sistema estatal anticorrupción.
Los legisladores empezando por el camaleónico Enrique Padilla Sánchez presumirán que cumplieron, pero en realidad apenas si lograron la aprobación de la reforma constitucional que dará vida a ese mencionado sistema que hasta el momento carece de las leyes que normen su operación y ejecución.
Y aunque el Congreso del estado aún goza de algunos meses para aprobar esas leyes y así garantizar su entrada en vigor en enero del 2018, en los hechos los diputados de todos los partidos se muestran indiferentes a un sistema que debería ser su prioridad por la importancia que ha logrado el tema de la corrupción en los últimos años.
La reforma constitucional avanzó a marchas forzadas desde el pleno de Congreso local y apenas si fue avalada por 34 ayuntamientos. Hubo Cabildos que decidieron rechazarla como fue el caso de Tepetitla de Lardizabal, Sánctorum de Lázaro Cárdenas y Apizaco.
Para nadie es desconocido que a nivel federal el sistema anticorrupción no ha podido terminar de arrancar, debido a que el PRI ha retrasado por más de dos años la designación del fiscal anticorrupción, situación que pareciera que los diputados locales quieren emular para posponer todo el tiempo posible el sistema estatal anticorrupción.
En Tlaxcala será necesario reformar las leyes que norman la vida del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia en el Estado para crear el tribunal y la Fiscalía Anticorrupción. También se deberán generar nuevas disposiciones que den vida al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana.
Hay varios interesados en el sistema estatal de corrupción, pues tienen la intención de presentar algunas denuncias para que se investiguen las anomalías financieras, favoritismo y sobreprecios que prevalecieron en el sexenio pasado en la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda que estuvo bajo el mando de Roberto Romano Montealegre.
También hay otros ciudadanos que cuentan con amplios expedientes que documentarían los excesos del ex Contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto y su relación cercana con ciertos proveedores del gobierno del estado.
A los dos casos anteriores, habría que añadir los expedientes por venta de plazas que se llevaron a cabo en la Secretaría de Educación Pública y que involucran al ex titular de esa dependencia Tomás Munive Osorno y a varios de sus colaboradores.
Me queda claro que la actual responsable de la Contraloría del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez, no tiene la menor intención de investigar las múltiples anomalías que se cometieron en la administración del hacendado gobernador Mariano González Zarur, de ahí que resulta ridículo que esa funcionaria esté interesada en ofrecer talleres a los servidores públicos para que conozcan la parte normativa del Sistema Nacional Anticorrupción, las sanciones que establece y la nueva clasificación de las faltas administrativas en las que pueden incurrir.
La corrupción fue una constante en el gobierno de González Zarur y sin embargo nadie ha hecho algo para castigarla.
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