Todos hablan de posibles actos de corrupción y de la voluntad para castigar esas conductas, sin embargo en los hecho no se ve ningún avance ni la menor intención de llevar a la cárcel a aquellos ex funcionarios públicos que aprovecharon sus cargos para malversar los recursos públicos.
A los diputados locales y a la titular del Órgano de Fiscalización Superior ( OFS) Isabel Maldonado Textle les haria bien dejar de jugar a los policías chinos, porque de nada sirve que en sus sesiones de trabajo e informes que presentan se diga que los ex presidentes municipales y varios entes fiscalizables acumulan múltiples anomalías financieras cuando no hacen nada para aplicarles la ley.
La lista de claros ejemplos de impunidad en el estado puede ser muy larga, pero hay casos emblemáticos que demuestran que hasta este momento la fiscalización en Tlaxcala es una simulación porque al final siempre se termina solapando la corrupción y el enriquecimiento de algunos ex alcaldes como el panista Orlando Santacruz Carreño y el priista Carlos Ixtlapale Gómez, quienes habrían saqueado las arcas de Apizaco y Huamantla, respectivamente.
Pero también hay casos resientes como el de Antonio Mendoza en Chiautempan, Tomás Vázquez en Ixtacuixtla, Vicente Hernández en Calpulalpan, Adolfo Escobar en Tlaxcala y otros que están documentados por el Órgano de Fiscalización Superior, pero que por una extraña razón las investigaciones no avanzan o simplemente no conducen a ningún responsable.
El informe que el OFS dio a conocer ayer sobre la revisión a las cuentas públicas del último trimestre del 2016 provoca una terrible desconfianza y risa, porque resulta poco creíble que ese órgano haya detectado cientos de anomalías financieras en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero que el manejo finaciero de los meses de enero a septiembre se hubiera dado en orden y sin observaciones graves al grado que las cuentas públicas fueron avaladas por la pasada legislatura.
Según la información dada a conocer, 100 entes fiscalizables enfrentan observaciones por el manejo de los recursos públicos, de los cuales 54 corresponden a ex presidentes municipales, lo que quiere decir que de los 60 ayuntamientos que hay en el estado, sólo 6 administraciones cumplieron con la normatividad.
Y para justificar disque su trabajo de fiscalización, el OFS informó que emitió 4 mil 766 observaciones, mismas que prácticamente fueron ignoradas porque apenas si el 14.5 por ciento de las mismas fueron solventadas.
Me parece que Isabel Maldonado Textle es una titular del OFS débil que no provoca ningún temor a los responsables de las múltiples anomalías financieras. Nadie duda que sea experta en materia de fiscalización, pero ella y sus informes simplemente no impactan ni asustan a nadie.
De que sirve que haya emitido 474 recomendaciones a los ex ediles por no cumplieron con sus Códigos de Ética, Código de Conducta y de Manuales de Procedimiento y Organización, cuando el daño ya se hizo. Es absurdo y tonto, no le parece.
Quizá el gobernador Marco Mena ya detectó esa debilidad y la poca eficacia del Órgano de Fiscalización Superior, de ahí que en la iniciativa de ley que envió al Congreso del Estado para crear el Sistema Estatal Anticorrupción proponga que la fiscalización y control de recursos públicos se realice a través de un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.
Falta conocer los alcanes y los detalles de la mencionada iniciativa de ley, pero por lo que se percibe el OFS podría dejar de tener el monopolio de la fiscalización en el estado, situación que si se confirma dejerá de ser un órgano relevante en la vida pública de Tlaxcala.
Sólo es cuestión de unos días para saber si la fiscalización en Tlaxcala será real a partir del gobierno de Marco Mena o seguirá siendo la misma gata pero revolcada.