Sobre el caso está más que enterado el gobernador Mariano González, sin embargo ha ordenado que no sea investigado y mucho menos sancionado.
Aunque puede presumir ser el secretario con más años acumulados en su vida y en el servicio público, el titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Tomás Munive Osorno, pronto podría enfrentar un escándalo que incluso podría obligarlo a enfrentar la justicia.
Resulta que hace unos meses, el añoso Tomás Munive, quien pronto se dedicará a críar lagartijas, descubrió que existían algunas plazas que nadie había ocupado y que éstas podrían perderse una vez que entrara en vigor la reforma educativa.
Sin reportar el hecho a su jefe, ni a la SEP federal, el delicado funcionario llevó a cabo un aquelarre con sus más intimos colaborades y fue ahí donde decidió obtener el mejor provecho de esas plazas de personal docente.
El responsable de ofrecer esos espacios a diferentes cantidades estuvo a cargo de Roberto Serafino Bravo, quien se ostentaba como Director de Relaciones Laborales. Los recursos empezaron a llenar su cartera y la de su jefe. Todo era felicidad y la bonanza era imposible de ocultar.
Sin embargo, la camarilla comandada por Tomás Munive no contaban que la comercialización de plazas fuera frenada por la SEP a nivel federal. La dependencia detectó movimientos extraños y tras una revisión ordenó suspender la asignación de esos espacios laborales.
Las personas que entregaron los recursos por esas plazas empezaron a recibir excusas y largas para poder concretar su contratación. Muchos de los afectados recibieron documentos oficiales como la orden de filiación al sindicato que cuentan con firma y sellos oficiales de funcionarios de la USET.
Desesperados, los afectados deciidieron presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado para tratar de recobrar el dinero que entregaron por las plazas. Es obvio que las investigaciones sobre el caso fueron frenadas por órdenes de Alicia Fragoso Sánchez, funcionaria que sólo trabaja en lo que le conviene.
Roberto Serafino Bravo fue removido de su cargo para tratar de ocultar ese negocio. Su lugar fue ocupado por Armando Hernández, quien en este sexenio ha acumulado riqueza y mujeres.
Ahora Armando Hernández Ramírez – actual jefe de la Dirección de Relaciones Laborales y uno de los principales proveedores de la USET- es el que da la cara sobre ese asunto y sólo se limita a decir que los documentos que demuestran los trámites realizados para obtener una plaza son falsos, argumento que exacerbó a los afectados que han amenzado con llevar el caso a otras instancias para lograr que les entreguen lo prometido o les devuelvan los recursos económicos.
Incluso, en los pasados comicios locales funcionarios de la Secretaría de Gobierno ofrecieron a los hoy defraudados cumplirles con las plazas si es que trabajaban y apoyaban la campaña del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez.
Algunos aceptaron y trabajaron por Marco Mena que finalmente ganó los comicios para gobernador, sin embargo pasaron los días y ya nadie les dio la cara a los ingenuos que apostaron por lograr una plaza de manera fácil.
El asunto está vivo y si el gobernador electo en verdad quiere demostrar que su administración será diferente, bien podría ordenar a partir del 1 de enero del 2017 que el caso sea investigado y se proceda a sancionar a los funcionarios de la USET que se han enriquecido y que en las elecciones simularon que trabajan para el PRI cuando en realidad se volcaron por el proyecto de Lorena Cuéllar.