Son más de 200 firmas, de familiares, que subcontrataron, o dispusieron de información privilegiada para ganar concursos o alcanzar asignaciones

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El empresario de la construcción Hugo Cano Martínez, destapó ayer la cloaca que apunta a ser el manchigate, en el ámbito de las asignaciones de obra, o su equivalente, la técnica para ganar los concursos, en un contexto de competencia desleal y evidente beneficio al grupo empoderado.

Con razón Mariano González, dijo en corto a Marco Mena, su primera idea, verdad, para cuidar a ambos las espaldas, conservando la Contraloría del Ejecutivo para el próximo quinquenio, no vaya a ser que los manchienemigos se organicen y lo hundan, junto a Hugo René, encargado del trabajo sucio, y por consecuencia urgido de inmunidad, según palabras del propio hacendado.

La revelación de Cano Martinez, quien se desempeña como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Canaic) de dio en un momento de extrema sensibilidad, dados los escándalos desatados en Veracruz – quebrada por los desquiciantes desvíos hechos por el prófugo gobernador con licencia Javier Duarte – y en otras entidades como Chihuahua, Baja California Sur (agobiada por la violencia), Michoacán, Puebla.

Si, se trata de al menos 200 empresas sexenales, así las llamó Cano, que se llevaron la riqueza a sus cuentas personales, y dejaron quebrados a los empresarios locales agremiados.

¿Cuantas de esas empresas serán firmas fantasma, puntuales para cobrar obras nunca realizadas pero sí liquidadas?

¿En cuántos de esos proyectos fraudulentos se hallan nombres como los de Júnior o Tonchis?

¿Cuantas de ellas consiguieron contratos y luego subcontrataron, llevándose comisiones escandalosas sin mover un dedo?

Lo malo para ellos es que las obras se quedan, que el Pueblo los tiene perfectamente detectados y librarse de castigos parecidos al sufrido por Duarte en Veracruz, no les va a ser nada sencillo.

¿Que opinión tiene la Comisión de Obra Pública de Congreso? Por favor, cómo cuestinarnos eso, si sus integrantes fueron los primeros en meterle mano a las asignaciones, impulsando desde su curul a alguna o a muchas de las doscientas firmas sexenales denunciadas por la CMIC?

El gobernador tiene la obligación ética de revelar nombres, origen y razones por las cuales hoy está sobre la palestra el estruendoso número de 200 empresas.

¿Cuantas son locales, cuantas poblanas, cuantas obedecen a la generación espontánea, cuantas subcontrataron?

González Zarur debe ser el primero en pedir auditorías, en lo administrativo y en la calidad de las obras. Guardar silencio es dar la razón a los integrantes de la CMIC y reconocer un saqueo que según los críticos de Mariano, forma parte de un desvío de recursos superior a los 6 mil millones de pesos.

Han dejado correr la versión que, por ejemplo Ciudad Judicial – un verdadero fraude al que se le cuela el agua en la mayoría de sus techumbres, sería construido por una empresa de la familia de Carlos Salinas de Gortari.

Deficiencias parecidas hay en Apizaquito, en el complejo dedicado a las artes, en fin la sospecha del mencionado multimillonario desvío no va a cesar hasta que el propio Mariano lo aclare.

Su poder mengua conforme se acerca el fin. Más le valdría asumir una conducta de honestidad, a lo que se ve, no está habituado.

Caótica seguridad

Lo reconoció la alcaldesa electa de Tlaxcala; Anabell Avalos Zempoalteca. Entre las diez y las catorce horas, los delincuentes operan. Y no hay suficiente a policías. Es más muchos de ellos; ocho de cada diez carecen de vocación.

Seis de cada diez se incorporan a acciones de vialidad y los restantes cuatro a custodiar la seguridad de los tlaxcaltecas.

Lo mismo se repite en Apizaco, en Chiautempan, en Zacatelco, en Huamantla; en general en todo el estado, con situaciones aún peores en Cuapiaxtla, Calpulalpan, Villalta, donde alguna vez detectamos a los policías armados con pistolas de copitas de plomo.

En la capital de Tlaxcala, la inseguridad tiene que atenderse casi obsesivamente.

Por lo pronto Anabell advirtió que se acabaron las cuotas, que subirá el sueldo seguro de vida a los uniformados, y decantara por el uso de alta tecnología, drones, videocámaras y una efectiva labir de inteligencia y análisis para dar, todos los días, severos palos a los delincuentes… Y sobre todo a los policías coludidos.