Si el gobierno del estado dice que le asiste la razón en el caso de la cancelación de las notarías, porque evadir un fallo que deberá acatar.

caricatura mariano Gonzalez Zarur 1 botija Marco Antorio Diaz Tlaxcala Online[1]

El caso de los notarios cuya patente fue cancelada indebidamente, según el fallo de un tribunal colegiado, abrirá un nuevo frente con el juez que se niega a notificar al gobierno de Mariano González Zarur sobre la sentencia que establece que los fedatarios deben ser reinstalados.

Hace más de un mes el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región emitió una sentencia y aunque fue lento el proceso de notificación, lo cierto es que todas las partes ya están apercibidas sobre el alcance de la resolución.

Sin embargo, el juez que tiene la obligación legal de notificar al gobierno del estado se ha negado a llevar a cabo ese procedimiento, con la clara intención de evitarle molestias al hacendado que una vez que reciba la instrucción deberá cumplir con el mandato o de lo contrario él junto con sus funcionarios entrará en desacato, lo que abre la posibilidad de destituirlo y proceder penalmente contra ellos.

Al juez que se muestra renuente a cumplir con su trabajo habría que recordarle que el caso de los ortinotarios ha derivado en una queja que fue aceptada y es analizada por el Consejo de la Judicatura en contra de los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito Justino Gallegos Escobar y Othón Manuel Ríos Flores por su proceder dudoso en ese asunto legal.

Además, trascendió que también existe una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra ambos magistrados.

Si había alguna duda de que el gobierno de Mariano González manejó la cancelación de las notarías con triquiñuelas legales, los últimos hechos del caso confirman que hubo y hay corrupción entre el gobierno de Tlaxcala con un sector del Poder Judicial de la Federación.

Los asesores marianistas y el mismo hacendado deben entender que tarde o temprano deberán reinstalar a los 16 notarios que recibieron su patente en el gobierno del panista Héctor Ortiz, para después iniciar de nueva cuenta el procedimiento que abrieron para dejar sin efecto esas notarías.

 La austeridad debe ser de los subordinados

La diferencia entre el presupuesto sugerido por el gobernador Mariano González y la partida solicitada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para costear los comicios del 2016 es enorme.

El mandatario especialista en exigir austeridad a todos menos para él, propuso destinar 75 millones de pesos al ITE, mientras que el organismo consideró un gasto por casi 255 millones de pesos.

El primer presupuesto raya en lo ridículo pues es insuficiente para solventar el costo de las elecciones para gobernador, diputados locales, alcaldes y presidentes de comunidad, de ahí que el hacendado tendrá que abrir la cartera y ser más generoso con el ITE.

Por lo que respecta a la petición del ITE que es tres veces más de lo que el gobierno del estado les pretende destinar, los consejeros electorales tienen la obligación de detallar, transparentar y explicar los gastos que pretenden hacer, porque de lo contrario las plumas marianistas empezarán, de nueva cuenta, a acusarlos de despilfarradores.

El argumento de que la disminución de diputados locales generaría ahorros en las elecciones ya se fue a la basura, pues si bien el gasto de 255 millones suena un tanto exagerado, también resulta irrisoria la cantidad que propone la administración priista de González Zarur.

El tema sin lugar a dudas será tratado por varios días en los medios de comunicación por las partes involucradas, lo que lejos de contribuir a la certidumbre de los comicios generará un ambiente de dudas y desconfianza que se sumarán a la incertidumbre que priva sobre la designación de los tres magistrados que conformarán el Tribunal Electoral de Tlaxcala.

A lo anterior, también hay que sumar el fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma electoral aprobada por el Congreso del estado, toda vez que existe la certeza de que algunas modificaciones legales se vendrán abajo.

Pinky y cerebro buscan controlar Tlaxcala

El malestar de perredistas que apoyan las aspiraciones de Lorena Cuéllar Cisneros a la gubernatura de Tlaxcala va en aumento por las actitudes protagónicas de Juan Manuel Cambrón y Santiago Sesín.

Resulta que esa dupla convertida en Pinky y Cerebro ha logrado aislar a la senadora del contacto perredista. Nadie tiene acceso a la virtual candidata si no es a través de esos personajes que sueñan con convertirse en los operadores de cabecera de la ex priista.

Juan Manuel Cambrón es todo un ladino que busca su interés personal y para ello utiliza a la perredista para obtener notoriedad entre la clase política, ya que por sí sólo no representa nada. En su estrategia de mantener secuestrada a Lorena Cuéllar recurrió a los oficios de operador aldeano de Santiago Sesín, quien se visualiza como el gran político joven que en unos años estará gobernando Tlaxcala.

Ambos se niegan a ver más allá de sus narices y no ven el rechazo que ya empezaron a generar al interior del PRD.

Con esos aliados Lorena Cuéllar para que quiere enemigos.