Pasó de tema local a un asunto que debe atraer la Procuraduría General de la República. Por lo pronto, la Sedena ordenaría la presentación del alto jefe del marianismo.
De poco sirve atemperar la caída de Orlando May Zaragoza Ayala. Es inminente. Es ocioso pensar que un personaje bajo sospecha siga siendo el Comisionado Estatal de Seguridad.
Nos dicen que ayer jueves, en el trayecto del Palacio de gobierno a la procuraduría local, una voz con singular autoridad fue puesta al oído de un desencajado May Zaragoza, a quien en segundos le cambió el rol de su película.
Sería el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, advirtiéndole de la profunda investigación que se la había iniciado. Enterado de la llamada, el jefe de May se puso blanco, narran acompañantes.
Aquí, la intervención de la procuraduría estatal es una pantomima. El caso ocupa a los altos mandos del país. Si estos accedieron a no ignorar al estado de Tlaxcala, debe ser por una mera cortesía al gobernador Mariano González Zarur.
La renuncia, insisto, no tarda.
¿Cómo negar un vínculo directo con su director de la policía acreditable, Jorge López Pérez, alias el Lobo, si ha sido una compañía constante a lo largo de su desempeño?
Es más, en 2009, May Zaragoza lo sustituyó como director de la Policía Ministerial de Tabasco. López Pérez renunció al cargo el 12 de junio de 2009. El dos de julio, May ya era el director.
Es probable que por esa cercanía, López Pérez recibiría una oportunidad más para aprobar los exámenes de Control y Confianza, cuyo fracaso inicial le ocasionó ser degradado. Meses después, con la ayuda de May, lograría la calificación necesaria para regresar a la dirección de los acreditables.
Duro
Su imagen ha sido de un sujeto implacable. Lo mismo violó el Recinto Legislativo y cacheteó a diputados de la pasada Legislatura, que aplastó manifestaciones de choferes.
Las personas de la tercera edad le despertaron un singular placer para dominarlas en manifestaciones donde expresaban repudio por la política social de su jefe Mariano González Zarur.
Entre más lealtad mostraba a su jefe, parecía tener libertad absoluta. Sin embargo, el seguimiento de la procuraduría a una serie de levantones denunciados en los últimos días, orilló a sus compinches a ser descubiertos.
Lo desconocen
Mientras el inquieto secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carrera, omitió hacer comentario alguno respecto a la presentación de May Zaragoza, la procuradora Alicia Fragoso dijo a varios medios: “yo no lo contraté”.
Desconocerlo de semejante forma adelantaba información que seguramente conocían pero se reservaban.
Así ocurrió porque May regresó al puesto de Comisionado de Seguridad del estado. Hay sabe lo que de él piensan los altos mandos con los que convive. ¿Quién soportaría seguir al frente de esa responsabilidad si le han aplicado la ley del hielo?
Otro que ha guardado silencio es el contralor del ejecutivo, Hugo René Temoltzin, alumno de May en defensa personal. Amigo muy cercano pero, se supone, firme para cumplir con su labor fiscalizadora de los subordinados de Mariano.
Pero hizo mutis.
En los altos mandos
Es lógico que al detectar en Tlaxcala una célula dedicada al secuestro, el Gobierno de la República habrá confirmado otros ilícitos detectados en Tabasco, y en otras plazas donde May y su equipo, curiosamente tuvieron altas responsabilidades en materia de seguridad y procuración de justicia.
Este tipo de servidores públicos no pueden estar al frente de la seguridad de un estado. Es un error del gobierno federal suponer que elmando único inhibirá a los malhechores de formar parte de sus filas.
Aquí puede haber una prueba irrefutable.
Plaza Bicentenario, caso cerrado
El juez Ramón Jiménez Casco, tercero de lo penal del distrito de Guridi y Alcocer, sobreseyó las acusaciones del gobierno de Tlaxcala contra Jesús Gingeni Luévano Rosendo, Erick Rodríguez Varela, Jorge Sánchez Nava y Felipe Castelán Marini, por las fallas detectadas en la construcción de la Plaza Bicentenario.
Cuatro años de litigio concluyeron con una sentencia absolutoria, según dicho integrante del Poder Judicial de Tlaxcala.
Pero, cuatro años de saqueo del inmueble.
¿Quién pagará los millones y millones de pesos de materiales perdidos?
¿Y el hartazgo de tlaxcaltecas e invitados por ver a esa obra, clausurada como si se tratara de un antro de mala muerte?
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