El improvisado presidente de la comisión fiscalizadora debe explicar a qué se comprometió con el cobro de cuantiosas multas por incumplimiento.
Es alarmante el atraso en la entrega de cuentas públicas municipales. Solo siete, de sesenta municipios van al corriente, el resto, 53, presenta diversos retrasos, pero catorce no han entregado un solo informe de sus finanzas desde enero del año en curso.
Esto es parte del informe del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a la Comisión de Fiscalización del Congreso, y el inicio de un descomunal escándalo administrativo.
Por Ley, el Congreso tiene que separar de sus cargos a decenas de servidores públicos municipales que no superaron la prueba básica de administradores en el primer semestre de su desempeño.
En esas condiciones se encuentran Apetatitlán, Tetlanohcan, Tequexquitla, Ixtenco, San José Teacalco, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Nopalucan, Xiloxoxtla, Tepetitla, Tenancingo, Terrenate, Tlaxco, Totolac y Xaltocan.
Es demasiado penoso enterarnos que una de las coartadas utilizadas por dichos tesoreros ha sido el pago de cuantiosas multas a causa de sus retrasos.
Rechazan la exigencia del OFS y al comisión fiscalizadora, bajo el argumento de haber cubierto las mencionadas multas, como si ellas fuesen una especie de intereses leoninos que amplían los plazos para entregar los informes financieros.
¿Bajo el criterio de quién?
Por lo pronto, la comisión de fiscalización y su presidente, el improvisado ex alcalde de San Pablo del Monte, Salvador Méndez Acametitla, decidieron en una apremiante sesión pedir cuentas a la diputada presidenta del Comité de Administración del Congreso, Eréndira Jiménez Montiel, respecto al monto de las sanciones.
Hoy, el perredista Méndez Acametitla, se asume como un exigente fiscalizador; tiene que explicar a qué compromisos llegó con los munícipes dispuestos a cubrir las multas por su retraso.
Y el asunto de los dineros se convirtió en una complicidad colectiva: los municipios se sienten con el derecho de atrasarse porque en los hechos han pagado para tener derecho a la morosidad; el OFS funge como un solidario testigo de la desgracia administrativa; y a la comisión de Méndez Acametitla le ha estallado en la cara lo que parece ser un inédito sistema para vulnerar la Ley de Fiscalización.
Violencia en Zacatelco
La decapitación de una mujer en su propio domicilio ha puesto de puntas al municipio de Zacatelco, donde según el alcalde panista Francisco Román, únicamente treinta efectivos de la policía municipal tienen sobre sus hombros la vigilancia de esta, una de las demarcaciones más extensas de la entidad.
Y acusa de indolente a la policía estatal, cuyos elementos disponen de instalaciones propiedad del municipio, pero no mueven un dedo en labores de prevención del delito.
Tampoco, se queja, le permiten conformar un grupo de reacción inmediata, porque eso corresponde a otras instancias y de hacerlo, cometería una falta sancionada por el OFS.
¿Puede una comunidad enfrentar con semejante vulnerabilidad a lo que podría ser el crimen organizado?
No es la primera vez que en Zacatelco, inseguridad y violencia obligan a los ciudadanos a tomar justicia por propia mano.
Hasta mantas con leyendas de advertencia se han colocado en sitios estratégicos para que los criminales piensen dos veces en actuar.
Pero esas medidas fueron superadas.
Hoy, es urgente reconocer que el incesante movimiento registrado en la cabecera y en sus secciones es un paraíso para secuestradores, extorsionadores, chantajistas, rateros y asesinos.
Y así como en la capital del estado se acaba de dar una inversión de 28 millones de pesos en equipo táctico y patrullas para reforzar a la policía municipal, el gobierno estatal debe ser ágil, primero para activar a sus elementos de la policía estatal, buenos para repartir cachiporrazos cuando hay alguna manifestación, pero unos inútiles para enfrentar a los criminales.
Lo que no tiene nombre son las facilidades con las que la procuraduría deja en libertad a peces gordos del crimen, atrapados por la raquítica policía municipal, según lo denunció el alcalde Román.
No perdamos de vista la reciente detención del líder de la familia michoacana en el Estado de México, la colindancia con el estado de Tlaxcala y la vulnerabilidad de zonas como esta, limítrofe con Puebla y con una enorme extensión.
No es exageración, pero Zacatelco requiere más de diez veces más efectivos y equipo. Con lo que hoy disponen es una broma de pésimo gusto.