Cuánto costó abrogar la ley pensionaria aquella, de los empujones y las cachetadas, y cuánto cada uno de los 24 votos con los cuales lo consiguieron.
Nos ha causado un shock el costo de 24 votos para aprobar una ley pensionaria a la cual parcharon sobre las rodillas con el propósito de madrugar lo que se creía un rotundo dictamen negativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SPJN).
Mil policías en el allanamiento del Centro Histórico de Tlaxcala que, habrá de recordarse como el oneroso capricho de la sinrazón.
¿Cuánto costaron al estado esos 24 votos?
No nada más el concepto pecuniario por cuya efímera presencia rodaron lágrimas por los cachetes de una rara suplente, sino en uno más de los motivos desvalorizantes de esta administración, obligada tras el atropello aquél en el que Orlando May cacheteó diputados, a recular pues tras ese ardid venía el inatacable dictamen del órgano superior.
Si con estas acciones el ejecutivo desciende por sus fueros al submundo de lo estéril, los integrantes del Legislativo se manifiestan en todo su esplendor, de sumisas comparsas que consiguen su sueño americano aprovechando la franquicia de representantes populares.
Todos estos desfiguros se dieron para pasarse de listos ante la Corte: mil policías, 24 diputados y un número desconocido de pseudo servidores públicos interesados en secundar la inexplicable embestida de quien en el ruedo del poder ha dado muestras de una dramática ausencia de casta, y más bien se ha dedicado a brincar las trancas, como Pajarito en la México, ante las miradas incrédulas de quienes aún creen en la decencia a la hora de mandar.
¿Raro, verdad?, al estado de los tribunales monólogos como el que vergonzosamente encabezó Pedro Molina, la naturaleza colegiada de la SCJN prácticamente lo revivió, pues ni el mismo hacendado creyó posible el aplazamiento de la sesión, como resultado del debate entre los magistrados Alberto Pérez Dayán, para considerar inconstitucional a la ley esa de los empujones y las cachetadas, y una contraparte que avaló las razones del congreso tlaxcalteca, como lo planteó la magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos.
Imagine este caso juzgado por un Molina cualquiera… ¡lo revienta!
Lo que más duele es que este atropello se da a penas unos días después de aquél llamado a la coordinación de todos para sacar adelante al estado, no le hace que sea a costa de la popularidad del gobernador Mariano González Zarur.
Ahondando en esos mensajes, se planteaba: transcurrida la primera mitad de la gestión y, puesta la casa en orden, que ahora sí venía lo bueno.
¿Esto es lo bueno?
Un atropello de estas hechuras no puede ser bueno en ningún lugar y en ningún momento. Exhibe la asintonía de un sistema que llegó al poder gracias a la voluntad del tejido social, pero una vez en la silla se ha dedicado a destruirlo.
Pero asegura lo contrario.
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