Nadie denunció la injerencia que realizó el gobernador priista Mariano González Zarur al interior del Instituto Electoral de Tlaxcala.
Conforme pasan los días se acumulan las pruebas de la traición, corrupción, mala organización y la evidente intromisión del gobierno de Mariano González Zarur en la pasada jornada electoral del 7 de julio.
Si bien algunos consejeros electorales llegaron al Instituto Electoral de Tlaxcala como la cuota de un determinado partido político, en los hechos la totalidad de los integrantes del Consejo General asumieron por conveniencia y negocio las instrucciones de Mario Armando Mendoza, quien dejó –sólo en el papel- la subsecretaría de Gobierno para desempeñarse como el coordinador de las campañas de los candidatos del PRI a las alcaldías y diputaciones locales.
Una prueba de lo anterior, es que ninguno de los consejeros denunció la abierta injerencia de Ángel Espinoza, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en las decisiones que supuestamente debería tomar su esposa Eunice Orta, presidenta del IET y el resto de los consejeros electorales.
El funcionario estatal se reunía con el director administrativo del órgano electoral y con la responsable del área de organización, a quienes les daba instrucciones para hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Los consejeros, al igual que los representantes de los partidos políticos eran testigos y nunca hicieron pública esa violación a la autonomía e independencia del IET.
Pero si utilizaron esa circunstancia para sacar provecho, por ejemplo el mediocre consejero Mario Cervantes se dedicó a negociar, junto con la gris consejera Dulce María Angulo los contratos con los proveedores del organismo para obtener una comisión. El primero también se valió de la inexperiencia de sus compañeros para venderse como “el apaga fuegos” y utilizar sus relaciones para ofrecer a cambio de ciertos favores información a sus supuestos aliados como el ex rector de la UAT y dirigente del PAC, Serafín Ortiz.
También hay evidencias que involucran a Dulce María Angulo en la supuesta impresión de boletas falsas que se habrían utilizado en la jornada electoral del pasado 7 de julio y que aparecieron en varias elecciones municipales, sin embargo para justificar su complicidad con el PRI y el gobierno propagó el rumor de que había sido amenazada de muerte y que por eso no denunciaba nada de las anomalías al interior del IET.
Sus lágrimas le ayudaron a convencer de su “buen trabajo” a sus impulsores como consejera –Héctor Ortiz y Justo Lozano-, pero su sumisión con el gobierno estatal está más que comprobada.
Otra irregularidad que escondieron los consejeros y que nunca comentaron a los partidos que los llevaron al cargo para que tuvieran elementos para defenderse en los tribunales, es la lista de los funcionarios electorales que operaron el día de la elección. Si verifica usted los nombres de quienes firmaron los paquetes electorales con la lista que encartó el IET vera enormes diferencias.
Otro asunto que representó ganancias para los consejeros, fue la supuesta partida que canalizaron al Sistema de Acopio de Resultados de la Jornada Electoral (SARJE), pues en los hechos operaron ese programa con equipo obsoleto que fue incapaz de funcionar el domingo 7 de julio, pero eso sí en los gatos el IET aparece una importante suma de recursos económicos que sólo ellos saben dónde fue a parar.
El gobernador Mariano González está feliz por los resultados alcanzados para él y su partido, ya que si bien su meta era ganar 16 diputaciones locales, las 12 que consiguió le aseguran cierto margen de maniobra al interior del Congreso del estado, de ahí que es casi un hecho que Ángel Espinoza será premiado y su llegada como magistrado del Tribunal Superior de Justicia está más que garantizada.
El hacendado gobernador logró su objetivo y para eso recurrió a los tontos útiles como los consejeros electorales, quienes echaron al WC el poco prestigio que contaban. Guácala.
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