En ello devino la decisión presidencial de otorgarles supra poderes; el ciudadano de a pie tiene que contribuir a financiar su nivel de vida, pagando por circular.
Es impresionante la capacidad de movilización de la Policía Federal Preventiva ante eventualidades como la suscitada la madrugada del domingo, cuando dos supuestos miembros de La Familia se aventuraron a probar el amargo sabor del plomo institucional.
La lucha contra el crimen organizado llegó incluso a convertirse en tema electoral. Paralelamente ensalza la imagen del Ejecutivo Federal y nos ha metido en la cabeza que si es nuestro deseo seguir contando con el privilegio de una PFP bien armada y dispuesta a batirse con el hampa, pues tenemos que votar por el PAN.
Qué despreciable ha resultado el papel de la autoridad, sustentada en este tipo de campaña. La policía carece de relación alguna con un partido político. Es el brazo fuerte del Estado y exhibe a un desesperado gobernante cuando le atribuye cualidades de supremacía en los mensajes producidos en calidad de anuncios para difundirlos en horario triple A.
La demasía de recursos a una parte del Estado no puede en tiempos de crisis sino dejar descubierta a otro ámbito, como los municipios, a cuya economía se han dado los recortes más brutales de la historia.
De Juárez a Mérida, los presupuestos colapsaron. Y el PIB cae en la escandalosa cifra de diez unidades.
Pero la PFP ocupa un lugar especial en el corazón de la Presidencia.
Su uso inicial se remonta al ridículo uniforme de soldado raso utilizado en las primeras apariciones de Calderón.
Mal vistas sus acciones por el Ejército Méxicano dirigió la mirada a un ente, tan poderoso como aquél pero con menos riesgo de causar daños colaterales debido a su uso como amago constante a sus adversarios.
Desde entonces ha perdurado.
En ese río revoloteado, sin embargo, los mega poderes de los cuales disponen quienes decidieron enlistarse en ella, pese a los riesgos que corren, los han dotado de una fuerza intimidante para el ciudadano común y corriente, obligado a compartir sus ingresos como una forma de tributo para sostener el nivel de vida de quienes tienen la encomienda de custodiar la integridad de los mexicanos.
Y no hay decisión capaz de quitar de la cabeza de la PFP que su nivel les da derecho a exigir cuota a traileros, camioneros y automovilistas.
Entre más pobres, mejor, porque seguramente arrastran algún vicio administrativo en la documentación de su unidad.
Ahí los tiene, desde temprano, deteniendo a cualquiera. ¿Las cuotas? De cien pesos para arriba. Y si algo anda mal, no le extrañe que para dejarlo ir le exijan mil, dos mil, cinco mil pesos… todo tiene un precio.
En eso devino el mega poder otorgado por el Presidente a estos servidores públicos.
Conste que son los gatos de angora del gobierno federal. Pese a que los municipios vivan en la miseria. Pese a que la política social fue reprobada por múltiples organismos nacionales e internacionales.
En algo debe descansar la fuerza de este régimen. Y si lo es en la policía a modo qué mejor.