Un lenguaje de doble filo lleva a funcionarios de Sefoa a prometer múltiples ayudas a los ejidatarios que dejen de serlo, renunciando a la histórica lucha emprendida por Zapata y por Teniza
Pasaron once años para que el sistema priísta tragara sus palabras respecto a la mala orientación del Procampo, dado en infinidad de ocasiones a hábiles terratenientes o empresarios que, ni lo necesitan y mucho menos lo merecen.
En 2002, el entonces senador del tricolor, Mariano González Zarur, levantó la voz ante las críticas que el presidente Vicente Fox hacía, respecto a la corrupción detectada en la asignación de dicho programa de apoyo a los campesinos.
Mariano rechazó lo expuesto por Fox. No vislumbraba que tiempo después sería descubierto cobrando inmerecidamente el Procampo pues, ni es un campesino pobre, como tampoco siembra productos alimenticios para la gente… en sus hectáreas, decenas de ellas, crecían los pastos con el cual se alimentaba ganado bravo.
Y tampoco advirtió que, de regreso su partido en la Presidencia, volvería a descubrirse el mal uso del Procampo, como ayer miércoles 13 de febrero lo expuso el titular de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez,
quien condenó la asignación de recursos a parcelas que se convirtieron en campos de golf, parques industriales o complejos de vivienda, según publicó ayer El Universal.
En promedio, el terrateniente González Zarur, recibiría al año 63 mil pesos de Procampo.
Si es ético seguirlos gestionando, eso depende de la conciencia del criador de reses bravas, pero aquí hay un doble discurso digno poner sobre la mesa:
1.- Las reglas de operación del Procampo no inhiben a poderosos tenedores de propiedades para recibir infinitamente ese apoyo, sin importar cual sea el régimen de esas extensiones.
2.- El sentido de pertenencia, promovido por la administración para animar a los ejidatarios a cambiar la parcela por pequeña propiedad, en aras de bursatilizar -y quebrar en el mediano plazo- al agro estatal, camina de acuerdo con la iniciativa para concentrar grandes extensiones en unas cuantas manos.
El cambio propuesto por el peñismo en políticas campesinas propone la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La reforma al artículo 41 de esa ley establece que a la dependencia le corresponderá “impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centro de población”.
En otras palabras, los ejidatarios en cuyo poder obran históricamente doce o más surcos, son despojados del derecho a conservar su tierra en función del buen uso que le den, supervisado por el Comisariado Ejidal, encargado de mantener a los campesinos constantemente interesados en el trabajo de sus parcelas, o de lo contrario darlas a quienes realmente las cultiven.
El peor escenario no es ese, sino la llegada de un ejecutivo de Monsanto, a la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), Jonatán Bretón Galeazzi, quien no quitará el dedo del renglón hasta lograr que las semillas manipuladas genéticamente por su empresa, invadan las vírgenes tierras tlaxcaltecas, dedicadas al cultivo de maíces criollos, únicos en el mundo como la especie Ajo, de origen local y conservado celosamente en siembras al poniente de la entidad, por la región de Españita.
Y cuál es la política de Monsanto, si no impulsar aquella condena a priori dictada por el relator de la ONU, al insistir en el cambio de régimen tenencial de la tierra, bajo escenarios de: «serán ustedes los mexicanos la próxima África… de no abrirse a las semillas genéticamente manipuladas de Monsanto, ya veremos a sus hijos devorados por las moscas, y no los hemos de ayudar».
No me cabe la menor duda de la cultura de defensa al ejido, del rechazo a la privatización como una medida tendiente al despojo y en el peor de los casos a un mañoso endeudamiento en un área prácticamente imposible de fiscalizar.
Y mientras esta crisis se vive en la parcela tlaxcalteca, al menos diez diputados tienen listas las maletas para dejar sus cargos y dedicarse a hacer una campaña más en sus improductivas vidas, buscando alcaldías, como efectiva forma de ser congruentes con la política de caos, sus despidos masivos, autoritarismo y pésima perspectiva del tejido social, como en su momento lo habría pronosticado Alfonso Sánchez Anaya, al vislumbrar que su primo Mariano, irremediablemente quedaría en el timón de la entidad.
Ni qué decir de decenas de alcaldes, en cuyas demarcaciones priva la incertidumbre y el desorden: Zacatelco, Contla, Tecopilco, entre otros, donde los alcaldes y alcaldesas, de miras cortas y cuentas largas, no ven el momento de dejar tirado el trabajo por el que rindieron una protesta legal y comprometida con la ley.