Lejos de analizar por separado cada caso de los elementos reprobados en control de confianza, sobreviene el despido colectivo.
El despido masivo de policías, 239 de la Estatal y 24 de la Ministerial, se configura como una nueva pifia faraónica, pues, pudiendo hacerlo en forma paulatina, el gobierno decidió acaparar los reflectores mostrando simultáneamente dos caras: la cruel, insensible a la crisis que inician decenas de familias, cuyo pilar es despedido e impedido por dos años para que lo contraten en otros estados; y la generosa, ofreciendo a estas alturas enseñarles un oficio distinto al que por años han realizado.
Pero el pretexto del despido masivo no puede ser mejor. Reprobaron los exámenes de control de confianza y, constitucionalmente -según el consejero jurídico, Héctor Maldonado Bonilla- existe una causa justificada para concluir el compromiso laboral.
Hay que sumar estas 263 bajas, las registradas durante aquel movimiento, el año pasado, cuando noventa y un efectivos fueron encarcelados y, liberados la mayoría de ellos tras cubrir elevadas fianzas.
Al parecer, la administración de Mariano González Zarur, tiene la intención de adelgazar la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública, de un promedio de mil 800 elementos a mil, lo que significa un considerable ahorro.
Lo malo es que esta acción se realiza cuando la inseguridad ha alcanzado niveles de riesgo, sobre todo en presuntos delitos de robo, extorsión y secuestro, a los cuales las víctimas ni siquiera se animan a denunciar por estar bajo amenazas de muerte. En Ocotlán, en días pasados, diecisiete sujetos prácticamente vaciaron una casa, ante la mirada impotente de la familia propietaria. Casos similares también se registran en Chiautempan.
Una acción más enrarece estas medidas. Más de cien elementos de la policía municipal de Tlaxcala, fueron reincorporados a las filas de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Con ello se afectaron recursos del Programa de Subsidios para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) y se privó a la capital tlaxcalteca de un equipo identificado con cada colonia y pueblo, al grado que los delitos eran atendidos mediante actuaciones personalizadas que permitían dar seguimiento en un campo bajo un profundo conocimiento de parte de los elementos.
Los funcionarios encargados de dar a conocer el despido masivo, Ubaldo Velasco Hernández (oficial mayor), Benito Hernández Fernández (secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública) y el consejero jurídico, Héctor Maldonado Bonilla (y otros de menor rango), no explicaron la metodología aplicada para la severa sanción, como tampoco abundaron en la facultad de la superioridad a la que representan para analizar cada caso de los uniformados sin aprobar el examen de control de confianza.
La decisión fue rotunda pese al marco de precipitación bajo la que fue tomada.
A decir del oficial mayor, Velasco Hernández, la autoridad previó que los elementos cesados no sean candidatos a ser reclutados por el crimen organizado, pues además de una liquidación más allá de lo que les permitía su relación laboral con la administración estatal, se les ofrecen créditos para proyectos productivos y hasta capacitación para aprender otros oficios.
Pero el golpe a 263 familias es demoledor.
Un hombre dedicado buena parte de su vida al manejo de las armas como parte de una corporación, tendría que vivir un cambio radical en su rutina, dedicando su tiempo primero a capacitarse y, luego de acabar con su formación de vigilante, conformar la abundante oferta laboral, llena de técnicos o profesionistas con la ventaja de ser recién egresados y sobre todo, de ser jóvenes, una condición antepuesta por las empresas que llegasen a contratarlos.
Les esperan dos años de calvario, porque su nombre ha sido boletinado a cada corporación policíaca.
De manera muy extraña la seguridad se desmantela en un estado donde suben los índices de robos, asesinatos, extorsiones y otros delitos cometidos con violencia.
Visto en perspectiva, de una manera fría, pareciera que la plaza se entrega al crimen organizado. Y para eso se aprovecha la coartada de adelgazar al aparato burocrático.
Esto no es ajeno a los estados vecinos.
Por ejemplo, el procurador de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, ha manifestado en distintos medios su indignación y extrañeza por la insistencia de sus colegas tlaxcaltecas por insistir en que diversos asesinatos registrados en este territorio, se achacan a la supuesta elevada inseguridad en demarcación poblana.
Recientemente la bancada hidalguense en la Cámara de Diputados, protestó ante lo que llamaron un alza alarmante en atracos en carretera, según reportes de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canapat) y en otros, no menos, casos de atraco, robo, siempre en un marco violento, en los que se han visto afectados, empresas y particulares oriundos de esa entidad federativa.
Con el ilógico adelgazamiento de la plantilla de policías, crecen las evidencias de una conducta por lo menos extraordinaria de parte de una autoridad determinada a cuidar su presupuesto, aunque en ello vaya un grave perjuicio a la integridad de las personas y sus bienes.
La nueva agrupación priísta
El ex candidato del Partido Socialita (PS) a diputado local por el primer distrito, Jaime Montiel Coto, cuyo orticismo es imposible de ocultar, funge como representante del llamado Consejo de Dirección de la Fuerza Peñista Tlaxcalteca (FPT), es decir, lidera este movimiento cuya causa es aglutinar a los múltiples críticos del gobernador Mariano González Zarur, dentro y fuera del PRI.
Es a todas luces el montaje de acciones cuyos autores intelectuales han calculado la creciente antipatía hacia el mandatario estatal y vieron un potencial negocio ante la aceptación de incorporarse de varios elementos, algunos de los cuales en su momento apoyaron activamente a Mariano, pero o no los contrató o los corrió. Otros, ajenos al partido del gobernador, sencillamente el proyecto no los disgusta.
Información de e-consulta revela los nombres de quienes integran el mencionado Consejo de Dirección de esta pretendida corriente tricolor: Felipe Ramírez Mote, Félix Bonifacio Gómez Carpinteiro, Reynaldo Acoltzin Conde, Mariana Pérez García, Emeterio Piedras Ramírez, Jorge Siles Serrano y Eduardo Palafox.
Habría que sumar el nombre de Héctor Josep Cid, cuya representación civil en una organización que pretende el rescate de la laguna de Acuitlapilco (Curla) intentaría, nos dicen, agrandar la puerta de inconformes con la administración de González Zarur.
Para este grupo, ha sido inaplazable montarse en el nombre de Luis Videgaray, poderoso ex coordinador de la campaña del hoy presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Según nuestras fuentes, el movimiento no cuenta con el respaldo del ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz.
En caso contrario, estaríamos ante una abierta agresión al feudo marianista, dilapidado, desaprovechado y llevado al límite del fracaso, como de ello dan cuenta la escandalosa derrota de julio anterior, cuando sólo una candidata, la del distrito uno, Guadalupe Sánchez Santiago, alcanzó el triunfo gracias, dicen, al apoyo económico y de operación del ex mandatario, ex perredista, Alfonso Sánchez Anaya.
De cuajar esta fuerza peñista los daños al partido del gobernador serán irreversibles.
Serían la avanzada de la revolución requerida en el PRI local, para librarlo de la ¿deliberada?, operación errática ordenada por el primer priísta de Tlaxcala y ejecutada por el asesor de lujo del gobierno, Mario Armando Mendoza Guzmán.
Tampoco, nos añaden fuentes consultadas, Beatriz Paredes está tras esta intentona rebelde en el PRI.
Pero el momento es inmejorable.
Jaime Montiel Coto, ex funcionario de Turismo en tiempos de Ortiz, activo miembro del neopanismo y finalmente abanderado del Partido Alianza Ciudadana (PAC) tiene que explicar las verdaderas causas que lo mueven a realizar este atrevimiento en contra del marianismo.
En una entrevista con e-consulta, Montiel Coto, atribuye a lo siguiente la medida emprendida: la ausencia del desarrollo en la entidad, es lo que motiva a este grupo de jóvenes políticos que pretenden unificar a los tlaxcaltecas y buscar el bien común de la sociedad… lo peor que nos puede pasar es que nos vaya bien en Tlaxcala.
Bueno o malo el montaje. Ya se verá.