Si bien los primeros cuatro meses de las actuales administraciones municipales de Tlaxcala, es decir, de septiembre a diciembre del año pasado, serán revisados y auditados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los siguientes estados financieros correspondientes al 2025 serán supervisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

 

Lo anterior se dio a conocer anoche cuando la ASF reveló su programa anual de fiscalización del 2025, en donde se establece que los 60 municipios de la entidad serán auditados por ese órgano, lo que legalmente dejaría al OFS sin posibilidades de intervenir, porque según la norma la prioridad la tiene la primera instancia.

 

Aunque seguramente no faltarán los presidentes municipales que aplaudan tal determinación porque sienten que el Órgano de Fiscalización Superior los tiene muy maniatados en el manejo de los recursos públicos, lo real es que los alcaldes y las alcaldesas deberán poner un especial cuidado en el gasto, en la comprobación y en la elaboración de los expedientes a fin de no caer en obras pagadas en sobreprecios o compras de algunos artículos con alteraciones, porque enfrentarán observaciones que terminarán siendo catalogadas como daño patrimonial y nadie podrá ayudarlos a que éstas no tengan consecuencias penales.

 

De acuerdo con el programa anual de este año de la Auditoría Superior de la Federación, los 60 municipios tlaxcaltecas serán revisados, especialmente en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

 

El asunto no es menor y créame cuando le digo que varios presidentes municipales en funciones deberían preocuparse, porque la fiscalización a la que serán sometidos en el presente año será más severa y seguramente arrojará consecuencias para un número importante de ellos.

 

Es cuestión de tiempo para que lo anterior se confirme.

 

Buscan que ex priistas resuelvan el conflicto en la UTT

 

Al interior de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala existe una tensa calma y el problema entre docentes y la rectoría no se ha podido resolver, pese al ofrecimiento que hizo hace 8 días el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, de aplicar mano dura en el conflicto.

 

Los maestros trabajan a medias, es decir, si están dando las clases, sin embargo no están llevando a cabo otras actividades que están afectando los procesos administrativos y de planeación de la Universidad.

 

Los docentes no están subiendo a una plataforma las calificaciones de los estudiantes ni otros datos importantes que se requieren para planear la matrícula y el presupuesto de la Institución, lo cual ya tiene más que molestas a las autoridades federales que observan que el gobierno estatal no puede poner orden y garantizar la correcta operación de la UTT.

 

Para tratar de corregir o solucionar los problemas, el gobierno lorenista designó ayer a Daniel Herrera Carvajal como nuevo director Administrativo y al ex priista Victorino Vergara Castillo como director Académico.

 

Ahora falta ver si los maestros afiliados al sindicato de la CTM y los del SNTE aceptan empezar de nuevo las negociaciones en torno a la futura designación de las horas clases en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ya que existen indicios que se ha beneficiado a recomendados y a las amiguitas del rector.

 

De entrada los docentes no quieren saber nada del rector Lenin Calva Pérez que los ha despreciado y maltratado porque nunca los ha querido recibir y porque designó arbitrariamente a Armando Hernández Ramírez como director Académico, quien pese a estar inhabilitados para desempeñar el cargo, ofreció a los maestros bonos no autorizados, prestaciones y ciertos arreglos para el reparto de las horas clases que nunca se cumplieron y que han generado el conflicto en la Institución, pues dicho personaje desapareció de un día para otro.

 

El tiempo avanza y el problema sigue en la UTT.

 

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