Las propuestas de dos reformas constitucionales de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en contra de la reelección a cargos populares y el nepotismo, con el objetivo de combatir la corrupción del país, seguramente no gustó nada a los actuales diputados federales y locales, así como a los presidentes municipales.
En Tlaxcala nadie aplaudió la propuesta ni respaldó la iniciativa de la primera presidenta de México, lo que de entrada deja entrever que la clase política en el poder no está contenta con los futuros cambios que se aprobarán en el Congreso de la Unión.
Y el asunto es entendible porque uno que otro político y familia dejará de “usufructuar” la política para vivir eternamente del erario a través de cargos de elección popular.
Por ejemplo, la diputada federal del PT Irma Garay Loredo, ya no podrá ser reelecta por segunda ocasión ni podrá heredar su cargo al vividor de su papá Silvano Garay Ulloa o a su hermano. La legisladora local del Partido Verde Ecologista, Maribel León Cruz, tampoco estará ya en condiciones de lograr su tercera reelección e imponer un récord de permanencia continua en el Congreso de Estado.
La reforma impedirá que otra familia como la del ex diputado del PT, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, logre perpetuar su poder en un municipio como Texoloc, donde heredó la alcaldía a su mamá Maribel Cervantes Hernández y ésta a su otro hijo Arturo Covarrubias Cervantes.
Y les fue también que Miguel Ángel Covarrubias dejó su lugar en el Congreso del Estado para que a través de la vía plurinominal llegara su madre a la actual legislatura local.
A los diputados y a las diputadas locales que se han entregado al gobierno estatal, porque muchos lograron la reelección (11 de 25 y la mayoría pertenece a Morena) con el aval y respaldo de la actual mandataria tlaxcalteca Lorena Cuéllar Cisneros, ya no podrán permanecer por un periodo más en sus cargos, de ahí que los que quieran continuar su carrera política deberán trabajar por su cuenta y construir su propio destino porque a partir de ahora las cosas van a cambiar.
Durante la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución Mexicana, Claudia Sheinbaum informó que se buscará volver a la máxima de “sufragio efectivo, no reelección”. “Estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales. La primera, la no reelección a ningún puesto popular. La segunda, la prohibición expresa de que un familiar pueda suceder de manera inmediata a otro”.
Tales cambios se implementarán a partir de 2030 para la presidencia del país, mientras que para los estados y los municipios, aplicará tan pronto como se apruebe en el Congreso de la Unión, por lo que en Tlaxcala se impondrán esos cambios en las elecciones del 2027.
El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy claro y contundente. Pronto cambiarán las reglas y la forma de hacer política.
Y aunque pocos o casi nadie lo quiera ver y entender, obviamente las reformas que envió al Congreso de la Unión tienen una dedicatoria para muchos que están queriendo jugar en la sucesión no sólo de Tlaxcala, sino de otras entidades del país donde en el 2027 se renovarán gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como presidencias municipales.
El que entendió, entendió.
Algunas respuestas sobre las preguntas en torno a las camionetas blindadas
De entrada, me aseguran que no se llevó a cabo ninguna licitación, porque éstas fueron adquiridas a través de una adjudicación directa que se asignó a una empresa de Morelos.
También me comentaron que los recursos salieron del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y que el gasto millonario para las lujosas camionetas también forma parte de los 6 mil millones de pesos que en los últimos tres años ha invertido la actual administración lorenista.
Se dice que de nada sirvió esa inversión porque las camionetas registran fallas y descomposturas. Se habla que al menos cinco han presentado problemas y que se encuentran o han ido a parar al taller.
Y que si bien el Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui, se encargó del procedimiento para comprarlas, el verdadero responsable porque controló todo, es decir, a los proveedores, fue el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien firmó la autorización y los documentos de tales unidades.
Veremos que más dudas se despejan.
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