La elección de jueces y magistrados en Tlaxcala está devaluada y con una escasa credibilidad, porque conforme pasan los días hay más voces que señalan que se trata de una farsa y una simulación para imponer a los amigos y recomendados del poder.
De entrada la difusión para que los abogados y las abogadas tlaxcaltecas participen ha sido mínima, por no decir nula, de ahí que sólo los que cuentan con relaciones y con un interés están enterados de los procedimientos a seguir.
Ayer en punto de las 19 horas se cerró el plazo para registrarse como aspirante y será el 6 de febrero cuando los Comités de Evaluación verificarán quienes cumplieron los requisitos, cuyas listas se hará pública el 13 de febrero para que el 25 de febrero se proceda a calificar la idoneidad y ese mismo día será cuando los Comités depurarán el listado mediante una insaculación, tómbola o rifa para ajustar el número de personas candidatas que postularán los Poderes del Estado observando en todo momento la paridad de género.
Al final, de nada servirá tener los mejores promedios, la trayectoria académica y experiencia laboral más amplia o una intachable fama pública, si los elegidos saldrán de una tómbola que nadie podrá garantizar que no será “manipulada” para que vayan a la elección los recomendados y amigos de Morena y la Cuarta Transformación.
En Tlaxcala la experiencia y conocimiento que debería ser el principal requisito solo tendrá un valor de 20 por ciento, ya que el 80 por ciento restante se divide entre buena fama y honestidad que los aspirantes plasmarán en sus cartas.
La buena fama entendida como la opinión social, pública y favorable, acerca de una persona, me parece que no es suficiente para garantizar que los magistrados y los jueces electos el próximo 1 de junio serán los abogados y las abogadas indicados para impartir justicia en Tlaxcala.
Además, quién nos asegura que los Comités están capacitados para determinar quién tiene buena fama y quién no.
El proceso para elegir a jueces y magistrados está plagado de muchas inconsistencias legales, porque rompe la equidad y se favorece a los que forman parte del Poder Judicial que tienen pase directo, lo que no sucede con otros aspirantes que deben cumplir con ciertos trámites y requisitos.
Lo anterior sencillamente atenta contra el principio de legalidad y de imparcialidad. Además de que tampoco se garantiza la certeza, la objetividad y la independencia, porque sencillamente los Comités de Evaluación atenderán a las recomendaciones del poder.
Otra prueba de que la elección será una farsa, es que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) instalará la mitad de urnas (659 casillas) que se colocan normalmente en una elección para gobernador, diputados locales, alcaldes y presidentes de comunidad, lo que no sólo hace suponer desde ahora una bajísima participación ciudadana, sino que será la autoridad electoral la que decida qué ciudadanos podrán sufragar con más facilidad y que otros no porque deberán moverse más para llegar a un centro de votación.
Según el consejero presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, el costo de la elección en Tlaxcala para magistrados y jueces implicará un gasto superior a los 90 millones de pesos, cantidad que se deberá desembolsar en los siguientes cuatro meses para organizar unos comicios que a muy pocos ciudadanos les importa, ya que se presume que habrá dados cargados para imponer a ciertos magistrados y jueces.
Una vez que se conozcan los nombres veremos si es cierto o no que habrá candidatos favoritos que irán al proceso electoral sólo de trámite porque se dará como un hecho su llegada ya sea como magistrados o jueces.
Al tiempo.
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